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Divorcio en Venezuela desde el Extranjero en tiempo record

2011-11-24T21:00:00.000-08:00

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En Venezuela, en algunos casos de familia particulares está permitido por el Ordenamiento Jurídico vigente el divorcio por poder o por medio de apoderado judicial, la viabilidad del Divorcio por Poder en Venezuela dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y de cómo hayan transcurrido los hechos concernientes al matrimonio y la separación.

En el caso de que resulte positivo el Divorcio por Poder cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el divorcio ante los Tribunales competentes mediante su apoderado judicial, alegando ruptura prolongada de la vida en común, esto según Código Civil Venezolano vigente.

Este tipo de divorcio y procedimiento judicial no demanda que el cónyuge solicitante del divorcio deba personalmente comparecer ante el juez a solicitar la intervención del órgano jurisdiccional. Este cónyuge puede perfectamente facultar a un apoderado judicial que haría la figura del mandatario, otorgándole un poder especial de representación para Divorcio en Venezuela, luego formulamos la petición de divorcio fundamentada en la ruptura prolongada de la vida en común dependiendo del tiempo que tengan de separación, entre otras circunstancias del caso en particular.

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Abogados Apostilla de la Haya en Venezuela Legalización de Documentos

2011-11-16T10:04:00.000-08:00

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Videos Legales: Entrevista al Abogado Internacionalista Dr. Alexander Racini por NTN24 Canal Internacional

2011-09-26T21:24:00.000-07:00

Entrevista en vivo Profesor Alexander Racini Canal Internacional NTN24 de RCN de Colombia Análisis Legal Internacional sobre el Porte de Armas en USA

Vea este sábado 19 de marzo la entrevista en vivo con el Profesor Alexander Racini por el Canal Internacional NTN24 de la Cadena RCN de Colombia.

Análisis Legal del Tema Principal:
El Derecho de portar armas en la Constitución de Los Estados Unidos de América, la Segunda Enmienda de la Constitución Estadounidense y posibles reformas y el uso y venta de armas en Latinoamérica

Los Hechos y el Derecho TV te invita este sábado diecinueve (19) de marzo de 2011 a sintonizar el programa “La Tarde” del Canal Internacional NTN24 de la cadena RCN de Colombia, hora de Colombia de 5:30pm a 6:30pm totalmente en vivo para Latinoamérica, Los Estados Unidos y Europa, el cual contará con la participación del Profesor Universitario, abogado y conferencista internacional Dr. Alexander Racini, quien realizará un análisis legal del tema del control y venta de armas en Latinoamérica y el derecho de portar armas en los Estados Unidos y Latinoamérica, así como también un análisis Jurídico sobre la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y sus posibles reformas para establecer un mayor control sobre la venta y porte de armas.

Lo puedes sintonizar en vivo a través de tu operadora de cable, número de canal por País:

Argentina: DirecTV Canal 725
Aruba: Croes Broadcasting Corp (AW) Canal 22
Caribe: DirecTV (Caribe) Canal 725Chile: DirecTv Canal 725
Colombia: Une Canal 20, DirecTV Canal 145, Telmex Canales 71(Básica), 509(Digital) , Telefónica Canal 404 y Supercable Canal 22.
Costa Rica: CableVision (CR) Canal 84
Ecuador: DirecTV Canal 725
México: Cablevision Monterrey (MX) Canal 484, HITV (MX) Canal 16, Sky (MX) Canal 635.
Panamá: Cable and Wireless (PA) Canal 104
Perú: DirecTV Canal 725Uruguay: DirecTV Canal 725
USA (Estados Unidos): DirectTV Canal 418
Venezuela: DirecTV Canal 725 y Movistar (Telefónica) Canal 404

Si no tienes cable disponible también lo puedes ver completamente en vivo a través de tu conexión de internet en la Página Web del Canal NTN24 deRCN Colombia.

Enlace para acceder a la señal en vivo del Canal: http://www.ntn24.com/

Horario por País:
Colombia: de 5:30pm a 6:30pm.
Venezuela: de 6:00pm a 7:00pm.
Estados Unidos: (EST Hora del Este New York) de 6:30pm a 7:30pm.
Buenos Aires: de 7:30pm a 8:30pm.
México: de 4:30pm a 5:30pm.

Dra. Lorena Gómez
Productora LHD TV.
(Los Hechos y el Derecho TV)

Ley de Abogados de Venezuela Vigente

2011-09-25T21:23:00.000-07:00

LEY DE ABOGADOS

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Decreta:

La siguiente:

LEY DE ABOGADOS

TÍTULO I, Disposiciones Generales

Artículo 1

La profesión de abogado y su ejercicio se regirá por la presente Ley y su Reglamento, los reglamentos internos y el código de ética profesional que dictare la Federación de Colegios de Abogados.

Las personas que hayan obtenido título de Procurador en conformidad con las leyes anteriores quedarán sometidas en el ejercicio de su profesión a dichas disposiciones, reglamentos y normas en cuanto le sean aplicables.

Artículo 2

El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. No puede considerarse como comercio o industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza.

NOTA 1:

Se deroga la Ley de Abogados de la República de 25071957, la de Montepío de Abogados de la República de 0308 1942 y cualesquiera otras disposiciones que colidan con la presente Ley.

NOTA 2:

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en uso de las facultades legales indicadas en los artículos 44 numeral 1, 46 y 50 de la Ley de Abogados dictó por decreto de fecha 03081985 el Código de Etica Profesional del Abogado de Venezuela. G.O. 33.357 de 25111985.

Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales, y sólo se distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de sus causantes, o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus herederos, y la calificación de bufete, escritorio o despacho de abogados.

También se permitirá una denominación impersonal cónsona con la dignidad de la profesión.

No le está permitido a ningún abogado establecer en su escritorio o bufete actividades que por su naturaleza comercial o industrial puedan crear confusiones en cuanto al ejercicio profesional.

Artículo 3

Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.

Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.

Artículo 4

Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.

Si la parte se negare a designar abogado esta designación la hará el Juez. En este caso la contestación de la demanda se diferirá por cinco audiencias. La falta de nombramiento a que se refiere este artículo será motivo de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al Juez de conformidad con la Ley.

Artículo 5

Los Jueces, los Registradores, los Notarios y demás autoridades civiles, políticas y administrativas sólo admitirán como representantes o asistentes de terceros a abogados en ejercicio, en los asuntos reservados a éstos en virtud de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes y disposiciones, que regulan las relaciones obreropatronales.

Artículo 6

Los Jueces, los Registradores, los Notarios y los Inspectores Fiscales se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de la propiedad de bienes, títulos supletorios documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deban inscribirse en el Registro de Comercio declaraciones de herencia y en general toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados por un abogado en ejercicio.

Cuando se pretenda que un documento redactado en el extranjero surta efecto en Venezuela, deberá ser visado por un abogado en ejercicio en el país.

Si uno de los otorgantes es abogado, o cuando su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos tengan participación directa en el asunto, podrá redactar el documento aunque no se encuentre en ejercicio.

TÍTULO II, Del Ejercicio de la Profesión de Abogado

Artículo 7

Quien haya obtenido el título de Abogado de la República, de conformidad con la Ley, deberá inscribirse en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional.

Artículo 8

La solicitud de inscripción del título se formulará por escrito ante el Colegio respectivo y se acompañará:

1. El título de Abogado de la República expedido de conformidad con la Ley debidamente protocolizado, o el certificado de reválida si ha obtenido su título en el extranjero.

2. Los derechos de registro correspondientes.

Cumplidos los requisitos anteriores, la Junta Directiva del Colegio señalará uno de los cinco días siguientes para que el solicitante preste ante ella el juramento de obedecer la Constitución y Leyes de la República y de cumplir las normas de ética profesional y demás deberes que le impone la profesión de abogado. Llenadas estas formalidades, la Junta Directiva del Colegio ordenará la anotación del título en el libro denominado Libro de Inscripción de Títulos de Abogados, expedirá al interesado constancia de la inscripción y lo participará al Director de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 9

Si la solicitud fuese negada, o no se decidiere en el término de treinta días, podrá apelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes para ante el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados, el cual deberá decidir dentro de los treinta días consecutivos siguientes. La falta de decisión del Directorio de la Federación podrá recurrirse para ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 10

El Abogado inscrito en un Colegio de Abogados, puede ejercer legalmente en todo el territorio de la República; cuando pase a ejercer habitualmente su profesión en una entidad que territorialmente corresponda a otro Colegio, o cambiare de residencia o domicilio en virtud de la función que desempeñe, deberá incorporarse en este último dentro del término de treinta días. A la solicitud de incorporación deberá acompañar la constancia de la inscripción en el anterior Colegio y la prueba de la solvencia en el pago de las contribuciones con los organismos indicados en el artículo 70. Si la solicitud de incorporación fuere negada, podrá apelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes para ante el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, caso en el cual se observará el procedimiento establecido en el artículo anterior.

Artículo 11

A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad profesional del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una Ley especial a un egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos.

Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial alguna.

Parágrafo Único:

Quedan sometidos a la presente Ley, y en consecuencia, sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean: Profesores en las Universidades del país; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Jueces de la República;

Secretarios de los Tribunales, Defensores; Fiscales del Ministerio Público; Registradores; Notarios, Consultores o Asesores Jurídicos de personas individuales o colectivas públicas o privadas y, en general, todo abogado que en ejercicio de una función y en razón de sus conocimientos especiales en Derecho, preste a terceros, pública o privadamente, el concurso de su asesoramiento.

Artículo 12

No podrán ejercer la abogacía los ministros de culto, los militares en servicio activo ni los funcionarios públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que desempeñan cargos ad honorem y funciones judiciales accidentales; y los que sirvan empleos académicos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo que estos últimos cargos exijan por la naturaleza de sus funciones o por las leyes o reglamentos que las rijan, dedicación a tiempo completo.

Los abogados Senadores y Diputados, incorporados a las Cámaras, no podrán ejercer la abogacía en asuntos judiciales contenciosos ni realizar gestiones profesionales directas o indirectas ante la Administración Pública o ante empresas en las cuales tenga participación mayoritaria el Estado Venezolano; tampoco podrán intervenir profesionalmente como representantes de terceros, en contratos, negociaciones o gestiones en las cuales sea parte la Nación, los Estados, los Municipios, los Institutos Autónomos o empresas en las cuales dichos organismos tengan participación.

Los abogados incorporados a las Asambleas Legislativas de los Estados o a sus Comisiones Permanentes, no podrán ejercer la abogacía en su jurisdicción durante las sesiones de dichos Cuerpos. Tampoco podrán ejercer, los abogados que presten sus servicios profesionales a tiempo completo en organismos oficiales nacionales, estadales o municipales o en institutos autónomos, salvo que actúen en representación de tales entes.

Artículo 13

Sin perjuicio de los que establezcan los tratados internacionales de los cuales sea parte Venezuela, no se permitirá el ejercicio de la profesión a los abogados extranjeros, originarios de países en los cuales no se permita el ejercicio de dicha profesión u otra equivalente a los venezolanos.

Artículo 14

En el mes de enero de cada año, el Ministerio de Justicia publicará en la Gaceta Oficial, la lista que contenga en orden alfabético por apellido, los nombres de los abogados cuyos títulos hayan sido inscritos hasta el 31 de diciembre del año anterior, indicándose el Colegio en el cual quedó anotado el título y la fecha de Inscripción. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio profesional a los abogados que no aparezcan en la lista, siempre que comprueben que han cumplido los requisitos de Ley al respecto.

TÍTULO III, De los Deberes y Derechos de los Abogados

Artículo 15

El abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción, y proceder con lealtad,

colaborando con el Juez, en el triunfo de la Justicia.

Artículo 16

Los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, salvo negativa razonada, y podrán exigir a sus defendidos el pago de honorarios.

Artículo 17

Es obligatorio para los abogados la defensa gratuita de los que han sido declarados pobres por los Tribunales.

Artículo 18

Los abogados están obligados a cumplir los reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás decisiones de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios en cuya jurisdicción ejerzan su profesión y del Instituto de Previsión Social del Abogado.

Artículo 19

Es función propia del abogado, informar y presentar conclusiones escritas en cualquier causa sin necesidad de poder especial ni de que la parte por quien abogue esté presente o se lo exija, a menos que exista oposición de ésta. Esta actuación no causará honorarios, salvo pacto en contrario.

Artículo 20

El abogado tiene derecho a anunciarse para el ejercicio de su profesión en general. Para ofrecerse como especialista en una rama determinada del Derecho, es necesaria la anuencia del respectivo Colegio o Delegación, la que será otorgada previa comprobación de la circunstancia del caso, debiendo los anuncios ser sometidos a la consideración y aprobación del Colegio.

Artículo 21

Los abogados deben estar solventes en el pago de las contribuciones reglamentarias con el respectivo Colegio de Abogados y con el Instituto de Previsión Social del Abogado.

Artículo 22

El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.

Artículo 23

Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.

Artículo 24

Para los efectos de la condenatoria en costas los abogados podrán anotar al margen de todo escrito o diligencia el valor en que estimen la actuación profesional y, en su defecto, podrán hacerlo en diligencia o escrito dirigido al Tribunal, que se anexará al expediente respectivo.

Artículo 25

La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte.

La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el Juicio.

Si no fuere localizado el obligado ni existiere apoderado, la intimación podrá hacerse por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 26

La retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes.

A falta de solicitud, el Tribunal la ordenará de oficio. Responderán solidariamente los representantes de las personas antes nombradas por el pago de los honorarios cuya retasa no hayan solicitado.

Artículo 27

Cuando la retasa sea acordada a solicitud de parte, éstas concurrirán el día y hora señalados por el Tribunal para nombrar los retasadores, debiendo presentar en el mismo acto, constancia de que los retasadores designados aceptan el cargo.

La inasistencia de alguna de las partes al acto de nombramiento de retasadores, la negativa a nombrarlo o la falta de presentación de la constancia de aceptación al cargo, autoriza al Tribunal para designar retasadores dejando a salvo el derecho de la parte que concurra. Cuando el Tribunal decrete de oficio la retasa sólo designará al retasador de la parte que estando obligado a solicitarla no lo hizo.

Artículo 28

En la tercera audiencia siguiente al nombramiento de los retasadores por las partes o por el Juez, según el caso, y a la hora fijada, los nombrados deberán concurrir al Tribunal a prestar juramento de desempeñar fielmente su cargo.

En la retasa acordada de oficio, y en los casos en que el Tribunal deba designar retasadores, éstos prestarán Juramento en la tercera audiencia siguiente a la notificación.

Si el retasador no compareciere oportunamente o incumpliere sus funciones, el Tribunal designará otro en su lugar.

Los honorarios de los retasadores los pagará la parte interesada cuyo monto determinará el Tribunal prudencialmente, fijando fecha para su consignación, y, en caso de que ésta no se produzca en su oportunidad, se entenderá renunciado el derecho de retasa, salvo lo dispuesto en el artículo 26.

Las decisiones sobre retasa son inapelables.

Artículo 29

En el mismo acto de la consignación de los emolumentos o dentro de las dos audiencias siguientes, se constituirá el Tribunal retasador. La decisión se dictará como Tribunal Colegiado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a partir de su constitución.

TÍTULO IV, Del Ejercicio Ilegal de la Profesión

Artículo 30

Ejercen ilegalmente la profesión de abogado:

1. Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados en los artículos 8° y 6° de esta Ley, salvo las excepciones legales.

2. Quienes habiendo obtenido el Título de Abogado de la República, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla conforme al artículo 12.

3. Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de la suspensión.

4. Los abogados que presten su concurso profesional, encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión.

5. Quienes establezcan, representen o regenten oficinas, firmas o sociedades destinadas a cobro, ya directamente o haciéndose habitualmente cesionarios, endosatarios, acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuere.

También incurren en ejercicio ilegal de la profesión y serán sancionados con las penas previstas para los responsables directos, los abogados que en alguna forma patrocinen o encubran a las personas de que trata este artículo.

6. Los abogados que ejerzan su profesión contrariando las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, de los reglamentos, acuerdos y demás resoluciones de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios o Delegaciones respectivas y del Instituto de Previsión Social del Abogado.

7. Quienes ejerzan un cargo público para el cual se requiera el título de abogado y no estén inscritos en un Colegio de Abogados, o incorporados al del lugar, según el caso, o cuando no cumplan las obligaciones que les Impone esta Ley.

Artículo 31

En todos los casos de ejercicio ilegal de la profesión de abogados, el Tribunal Disciplinario en cuya jurisdicción se haya cometido el hecho abrirá la averiguación de oficio o a instancia de parte, levantará el expediente respectivo y pasará copia al Fiscal del Ministerio Público, quien actuará de oficio ante los Tribunales competentes, sin perjuicio de la sanción disciplinaria a que hubiese lugar.

TÍTULO V, De los Organismos Profesionales

SECCIÓN I, De los Colegios y sus Delegaciones

Artículo 32

En el Distrito Federal, en cada uno de los Estados de la República y en los Territorios Federales existirá un Colegio de Abogados, en la Capital respectiva.

Para que un Colegio de Abogados pueda establecerse, deben estar domiciliados o residenciados en la respectiva Entidad un número no menor de diez abogados.

Artículo 33

Los Colegios de Abogados son corporaciones profesionales con personería jurídica y patrimonio propio, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional de sus miembros y defender los intereses de la abogacía.

Tienen, además, la obligación de procurar que sus asociados se guarden entre sí el debido respeto y consideración, observen intachable conducta en todos sus actos públicos y privados y contribuyan a enaltecer la profesión de la abogacía y al mejoramiento de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia nacionales.

Artículo 34

Son miembros de los Colegios, los abogados cuyos títulos han sido debidamente inscritos en ellos, hállense o no en el ejercicio de la profesión.

Artículo 35

Son órganos del Colegio de Abogados la Asamblea, la Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario.

Artículo 36

La Asamblea es la suprema autoridad de los Colegios y se reunirá ordinariamente, todos los años durante la primera quincena del mes de diciembre y extraordinariamente, cuando fuere convocada por la Junta Directiva.

La Asamblea estará integrada por todos los abogados, hábiles para elegir y ser elegidos, Inscritos o Incorporados en el respectivo Colegio o Delegaciones de su dependencia.

Parágrafo Único:

Para elegir o ser elegido o tomar parte en las decisiones de la Asamblea, es Indispensable la solvencia con el respectivo Colegio o Delegación y con el Instituto de Previsión Social del Abogado.

Artículo 37

La Asamblea se Instalará con no menos de las dos terceras partes de sus miembros, pero podrá deliberar con la mitad más uno de los asistentes. Si no existiere el quórum reglamentario para la instalación de la Asamblea, los abogados asistentes se constituirán en comisión Preparatoria y tomarán las medidas necesarias para asegurar la asistencia del número de abogados requeridos. Si el día fijado por la Comisión Preparatoria para la instalación de la Asamblea, no se obtuviere el quórum reglamentarlo, ésta se instalará con los asistentes.

Artículo 38

Corresponde a la Asamblea:

a) Calificar a sus miembros y examinar sus credenciales.

b) Nombrar la Mesa Directiva, que estará compuesta por un Presidente, un Primero y Segundo VicePresidente, electos de su seno, en votación pública y por mayoría absoluta de los delegados presentes, y un Secretarlo que podrá ser de fuera de su

seno.

c) Elegir la Junta Directiva del Colegio y del Tribunal Disciplinario.

d) Examinar el Informe que anualmente debe presentarle la Junta Directiva del Colegio sobre su gestión administrativa y demás realizaciones relacionadas con sus funciones.

e) Las demás que le señalen el Reglamento de esta Ley y los reglamentos internos.

Artículo 39

La Dirección y Administración de los Colegios de Abogados estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un VicePresidente, un Secretario, un Tesorero y un Bibliotecario y tres Suplentes, que serán elegidos cada dos años, durante la primera quincena del mes de diciembre y tomará posesión en la primera quincena del mes de enero del año siguiente.

El Presidente ejercerá la representación jurídica del Colegio, pudiendo delegarla previa autorización de la Junta. Las faltas absolutas y temporales del Presidente las llenará el VicePresidente y las de éste, el primer Suplente.

Artículo 40

La Junta Directiva será electa el día y hora que fije la Asamblea, con tres días de anticipación por lo menos, en votación secreta, salvo que la Asamblea, con el voto de las dos terceras partes de sus asistentes, decida hacerlo público. Los escrutinios se efectuarán en acto público.

Artículo 41

Cuando en una Entidad Federal no exista Colegio de Abogados por no estar domiciliados en ella el número de profesionales previstos en el artículo 32 de esta Ley, quienes hayan cumplido los requisitos establecidos en el artículo 70, podrán constituirse en delegación, la cual dependerá de la Federación de Colegios de Abogados.

Las Delegaciones tendrán las mismas atribuciones de los Colegios de Abogados en cuanto les sean aplicables salvo la de inscribir títulos y estarán dirigidas por un Presidente, un Secretarlo y un Tesorero, elegidos por mayoría absoluta.

En las ciudades donde estén residenciados un número de abogados no menor de seis, éstos podrán constituirse en Delegación, la cual dependerá del Colegio de Abogados de la respectiva Entidad.

Parágrafo Único:

Las atribuciones de los miembros de la Junta Directiva de los Colegios y Delegaciones, serán establecidas en el Reglamento Interno que dicten dichas Juntas.

Artículo 42

Corresponde a los Colegios de Abogados:

1. Fomentar el espíritu de solidaridad entre sus asociados y proveer a la defensa de sus miembros.

2. Conocer de todo lo relativo a la inscripción de sus miembros.

3. Fomentar el estudio del derecho y demás ciencias afines.

4. Organizar y acrecentar sus bibliotecas.

5. Sostener una publicación periódica que le sirva de órgano.

6. Estudiar y redactar Ante Proyectos de Leyes, y enviar al Congreso Nacional, a las sambleas Legislativas, a los Concejos Municipales, al Ejecutivo Nacional, al de los Estados y a las Comisiones Revisoras de Leyes, cuando lo Juzguen oportuno y a título de información, observaciones relativas a las reformas legislativas que estimen procedentes.

7. Asesorar a los organismos señalados en el número anterior y evacuar las consultas que éstos les hagan sobre cuestiones de derecho o sobre el mérito científico de obras o ponencias relacionadas con la profesión, salvo las prohibiciones contenidas en esta Ley.

8. Cumplir y hacer cumplir sus decisiones, las normas que establezcan la Federación de Colegios de abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado y mantener una estrecha vigilancia sobre la disciplina y moralidad de sus socios.

9. Expedir credenciales a sus miembros.

10. Supervisar el funcionamiento de las Delegaciones.

11. Acordar dentro de los treinta días siguientes a la elección de su Junta Directiva, el Presupuesto anual de gastos del Colegio y proveer los fondos para realizarlo.

12. Promover ante las autoridades competentes todo lo que juzguen conveniente a los intereses de la profesión de la abogacía.

13. Hacer cumplir las normas y medidas sobre previsión social que dicten los organismos gremiales competentes.

14. Fijar la cuota que deben pagar sus asociados, y

15. Las demás funciones que les señalen las Leyes y Reglamentos.

SECCIÓN II, DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA

Artículo 43

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela estará integrada por los Colegios de Abogados existentes y por las Delegaciones que de ella dependan de conformidad con la Ley. Tiene carácter exclusivamente profesional, personería jurídica y patrimonio propio.

Artículo 44

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, fomentará el perfeccionamiento moral y científico de los abogados, su bienestar material y social; promoverá la defensa de los intereses y fueros de los Colegios y Delegaciones que la integran e incrementará en la sociedad el público reconocimiento de la misión fundamental que atañe a la profesión de la abogacía.

Artículo 45

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela tendrá su sede en la Capital de la República.

Artículo 46

Corresponde a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela:

1. Establecer las reglas de ética profesional y las medidas de disciplina que aseguren la dignidad del ejercicio de la abogacía, y la estimación pública que ésta merece;

2. Ejercer una acción vigilante de protección hacia el libre e independiente ejercicio de la abogacía, reivindicando sus fueros y el respeto público a su dignidad;

3. Excitar a los Colegios de Abogados y Delegaciones a tomar medidas conducentes, para la mejor defensa del honor, la dignidad y el decoro de la profesión de abogado;

4. Dirimir los conflictos que pudieren surgir entre los Colegios de Abogados.

5. Coordinar y orientar las actividades de los Colegios de Abogados.

6. Colaborar con las instituciones que se ocupan del estudio del Derecho y con el Poder Judicial para lograr la mejor forma de enseñanza y divulgación de las ciencias jurídicas y velar por la más perfecta administración de Justicia en escala nacional.

7. Publicar una revista que le sirva de órgano para la mejor difusión de los estudios jurídicos y de la Jurisprudencia.

8. Estimular y preparar la realización de conferencias en distintos lugares de la República, con el fin de robustecer los conocimientos de los profesionales del derecho y orientar a la opinión pública sobre los beneficios que derivan de las instituciones jurídicas.

9. Promover la celebración de Congresos Jurídicos, donde se trate a la luz de los principios, temas relacionados con el Derecho y disponer todo lo necesario para su mejor realización.

10. Mantener un servicio de bibliografía y publicaciones jurídicas nacionales y extranjeras.

11. Mantener intercambio cultural con los organismos profesionales y con las Escuelas Universitarias de Derecho, nacionales o extranjeras.

12. Poner en práctica los más adecuados medios de previsión social, para asegurar el bienestar del profesional de sus familiares.

Artículo 47

Son órganos de la Federación de Colegios de Abogados: La Asamblea, el Consejo Superior, el Directorio y el tribunal Disciplinario.

La Asamblea es la máxima autoridad de la Federación y estará formada por los delegados que elijan los Colegios de Abogados de la República y las Delegaciones que de ella dependan. Se reunirá cada dos años, el 16 de agosto o el día más inmediato posible, en el lugar que se haya designado al efecto en la última reunión, previa convocatoria hecha por su Directorio, con treinta días de anticipación por lo menos.

La Asamblea sesionará también extraordinariamente cuando así lo decida el Directorio o a solicitud de cinco Colegios de Abogados por lo menos.

Los Colegios de Abogados estarán representados en la Asamblea de la Federación, por tres Delegados Principales elegidos por la Asamblea del respectivo Colegio, eligirá también tres suplentes para llenar las faltas de los principales.

Los Colegios cuyo número de miembros fuere superior a cien, podrán elegir un delegado más por cada cincuenta o fracción de veinticinco.

Las Delegaciones estarán representadas por un Delegado principal, elegido en la misma forma que los representantes de los Colegios. Asimismo eligirá un suplente para llenar la falta del principal. El nombramiento podrá recaer en cualquier inscrito, siempre que esté solvente con el Colegio y con el Instituto de Previsión Social del Abogado, sea o no miembro de la Junta Directiva.

Parágrafo Único:

No se declarará abierta ninguna sesión de la Asamblea sin estar presente la mitad más uno del número total de Colegios y Delegaciones dependientes de la Federación.

Artículo 48

El Consejo Superior de la Federación estará integrado por: el Presidente de la Federación; los Presidentes de los Colegios de Abogados y de las Delegaciones que de ella dependan, o en su defecto, por un representante elegido por la Junta Directiva; por el Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y el Presidente del Tribunal Disciplinario de la Federación.

Artículo 49

El Consejo Superior se reunirá ordinariamente, una vez al año, por lo menos, y extraordinariamente a solicitud de cinco o más Colegios, en el lugar elegido en su última reunión cuya convocatoria la hará el Colegio sede, Indicando su duración y la materia a tratar.

Artículo 50

El Consejo Superior conocerá y decidirá de las materias correspondientes a la Federación, enunciadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 11 y 12 del artículo 46 de la presente Ley y las demás que le señalare el Reglamento de la misma.

Artículo 51

El Consejo Superior podrá conocer además cuando la convocatoria lo prevea, de las apelaciones cuyo conocimiento se haya reservado a la Federación en la presente Ley o en su Reglamento.

Artículo 52

Los fondos de la Federación estarán formados por los aportes de los Colegios de Abogados y Delegaciones que de ella dependen, y por las contribuciones extraordinarias que determine la Asamblea, a cuyo efecto, este mismo órgano elaborará y aprobará el Presupuesto respectivo.

Artículo 53

El Directorio es el órgano Ejecutivo de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y funcionará en la Capital de la República.

Artículo 54

El Directorio de la Federación estará compuesto por cinco miembros, que se denominarán Presidente vicepresidente, Tesorero, Bibliotecario y Secretario, y tres Suplentes para llenar las faltas absolutas o temporales de tos principales.

El Presidente del Directorio ejercerá la representación jurídica de la Federación, pudiendo delegar con aprobación de dicho órgano.

Las faltas del Presidente las llenará el VicePresidente y las de éste, el primero de los suplentes designados.

La elección de estos funcionarios se hará cada dos año por la Asamblea, en la oportunidad y forma que señale el Reglamento de esta Ley.

Artículo 55

La afiliación de un Colegio de Abogados a la Federación no impide que ésta pueda llevar relaciones con organismos internacionales afines; y aun afiliarse a ellos a los efectos de promover el estudio científico de la Disciplina Jurídica.

Artículo 56

Son atribuciones del Directorio de la Federación:

1. Cumplir y hacer cumplir los fines de la Federación y los acuerdos y resoluciones de la Asamblea.

2. Interpretar las normas de ética profesional, cuando le fuere solicitada por algún Colegio y dictar aquellas normas no previstas en el Código de Ética Profesional, mediante acuerdos que serán sometidos a consideración de la Asamblea.

3. Convocar la Asamblea a reunión ordinaria o extraordinaria, según el caso.

4. Preparar el Presupuesto de Gastos de la Federación y disponer las medidas adecuadas para realizarlo.

5. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea.

6. Informar a la Corte Suprema de Justicia, al Ejecutivo Nacional y al Consejo de la Magistratura, de las faltas o incorrecciones que observe en la administración de Justicia y recomendar la forma de evitarlas y subsanarlas, pudiendo formular las denuncias correspondientes cuando lo creyere conveniente.

7. Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos.

Artículo 57

La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, los Colegios de Abogados y las Delegaciones, no podrán pronunciarse sobre las cuestiones que estuvieren sometidas o hubieren de someterse a discusión judicial, ni evacuar consultas de interés meramente privado, salvo las excepciones contenidas en la presente Ley.

SECCIÓN III, DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS SANCIONES

Artículo 58

Cada Colegio de Abogados tendrá un Tribunal Disciplinario, independiente de la Junta Directiva, compuesto de cinco miembros Principales y tres Suplentes, que deberán estar domiciliados en la capital de la Entidad respectiva y tener más de tres años de actividad o ejercicio profesional. La elección del Tribunal Disciplinario la hará la Asamblea cada dos años, en la oportunidad y forma en que elija la Junta Directiva.

En la misma oportunidad, la Asamblea designará un Abogado, y su respectivo Suplente, para que actúe como Fiscal en los casos que le pasare el Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de esta Ley, y, en defecto de esto, la designación la hará el tribunal.

Los cargos de miembros del Tribunal Disciplinario y de Fiscal, son ad honorem y de obligatoria aceptación.

Artículo 59

Dentro de los diez días siguientes a su elección, se instalará el Tribunal Disciplinario y designará de su seno un Presidente, un VicePresidente, un Secretario y dos Vocales.

Las faltas del Presidente, las suplirá el VicePresidente y las de éste, el Primer Vocal designado.

Artículo 60

El Tribunal Disciplinario de la Federación estará integrado por siete miembros principales que se denominarán: Presidente, vicepresidente Secretario y cuatro Vocales. Además, se eligirán cuatro Suplentes, que sustituirán en el orden de su elección a los Vocales. Las faltas absolutas o temporales del Presidente, serán llenadas por el VicePresidente y las de éste por el Primer Vocal. Todos estos funcionarios serán elegidos en la Asamblea General en la cual se designe el Directorio de la Federación, en la misma forma que éste y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo el Consejo Superior prorrogar su duración por igual tiempo.

Parágrafo Único:

Para ser miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación se requiere estar domiciliado en la Capital de la República; la función es ad honorem y de obligatoria aceptación.

Artículo 61

Los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados, conocerán en Primera Instancia de las infracciones a la presente Ley y su Reglamento, a las normas de ética profesional, las resoluciones y acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y organismos profesionales, así como las ofensas inferidas a los miembros de la judicatura, abogados o representantes de las partes; del abandono de la causa, negligencia manifiesta en la defensa asumida, cohecho, ejercicio ilegal de la profesión y la violación del secreto profesional, salvo que éste ocurra para evitar o denunciar la perpetración de un hecho punible.

Artículo 62

A los efectos del artículo anterior, se entiende que hay negligencia manifiesta cuando el abogado, sin Justa causa, no concurre a la contestación de la demanda, no promueve pruebas cuando se le han suministrado oportunamente los datos y elementos necesarios o si por su culpa queda desierto algún acto, se dicta y ejecuta alguna providencia que cause gravamen irreparable a su representado o no hace valer las defensas legales que el Juez no puede suplir de oficio.

Artículo 63

Al tener conocimiento el Tribunal de la comisión de un hecho punible de los contemplados en el artículo 61 o incoada que sea la causa por denuncia o acusación, el Tribunal practicará las diligencias conducentes a la averiguación y comprobación del hecho y de la culpabilidad del autor.

Cumplidas estas formalidades, declarará si hay lugar o no a la formación de la causa. En caso afirmativo, el Indicado será citado personalmente, y si esto no fuere posible, se le nombrará un defensor con quien se entenderá la citación en toda la secuela del proceso.

Artículo 64

Después de la declaratoria de haber lugar a la formación de la causa, el Tribunal pasará las actuaciones al Fiscal, una vez tomado el juramento de Ley, para que actúe de conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto resulte aplicable al caso, y decida dentro de los diez días hábiles siguientes, sin perjuicio de que el acusador particular formulare cargos por su parte.

Haya o no cargo, se abrirá la causa a pruebas durante el lapso de veinte días, al cabo del cual, se fijará uno de los tres días hábiles siguientes para oír informes de las partes.

El Tribunal podrá mandar a evacuar las pruebas que considere necesario al esclarecimiento del hecho.

Artículo 65

Concluido el acto de informes el Tribunal entrará de inmediato en conferencia y permanecerá en sesión hasta dictar sentencia. En la determinación, calificación de los hechos y de la culpabilidad, el Tribunal actuará como jurado y decidirá por mayoría.

Artículo 66

Contra las decisiones definitivas del Tribunal Disciplinario, se podrá apelar para ante el Tribunal Disciplinario de la Federación dentro de los cinco días hábiles siguientes, después de haberse notificado al Interesado el fallo. La apelación se oirá libremente. Las amonestaciones sor Inapelables.

Artículo 67

Si la causa se incoare contra un miembro del Tribunal Disciplinario el inculpado se separará de éste en tanto se decida aquella convocándose al Suplente. Si fuere encontrado culpable, su separación será definitiva cualquier que sea el grado de la sanción. Igual procedimiento se seguirá con los miembros de las Juntas Directivas de la Federación, de los Colegios y de las Delega clones.

Artículo 68

Las Incidencias de Inhibición y recusación contra los miembros del Tribunal Disciplinarlo o el Fiscal, se sustanciarán y decidirán de conformidad con lo que disponga el respectivo Reglamento.

Ninguna de las partes podrá intentar más de dos recusaciones, las cuales s610 podrán fundamentarse en las causales previstas en el Código de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 69

A falta de disposición expresa en la presente Ley, o en sus Reglamentos, se aplicarán las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal, o Procedimiento Civil, según el caso.

El procedimiento en Segunda Instancia será Igual al de Primera.

Artículo 70

Las infracciones a la presente Ley y al código de Ética Profesional, serán sancionadas así:

a) Las previstas en el artículo 30 con multa de quinientos a tres mil bolívares o arresto proporcional. Esta sanción será aplicada por el Juez de Parroquia o municipio del lugar donde haya incurrido la infracción, a requerimiento del Directorio del Colegio o del de la Federación de Colegios de Abogados, quienes remitirán al Juez copia de la decisión del Tribunal Disciplinario, que deba ejecutarse.

b) La prevista en el artículo 16 con suspensión del ejercicio profesional de uno a tres meses.

c) La falta de pago de las contribuciones reglamentarias, las ofensas a los funcionarios judiciales y abogados; y cualesquiera otras faltas disciplinarias, con amonestación privada ante el Directorio de la Federación o ante la Junta Directiva del Colegio de Abogados o de la Delegación en que haya ocurrido el hecho.

d) En los casos de reincidencias y de ofensas y faltas graves de las previstas en el ordinal anterior, la pena será de amonestación pública ante las autoridades Indicadas.

e) Los abogados que no atiendan al requerimiento que se les haga para oír las amonestaciones y los que Incurran en graves infracciones a la ética, al honor o a la disciplina profesional serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional de un mes a un año, según la gravedad de la falta.

f) Los que se nieguen a cancelar las contribuciones reglamentarias después de haber sido amonestados conforme a las letras c) y d), serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional hasta que sean canceladas dichas contribuciones.

g) Los que hayan sido condenados a penas de prisión o de presidio, serán suspendidos en el ejercicio profesional por todo el tiempo que dure la condena y desde el momento en que ésta quede firme.

Artículo 71

Los Jueces que admitan como representantes de otras a personas quienes carezcan de las condiciones legales para ello, o que violen las disposiciones de los artículos 3°, 5°, 6° y 9° de esta Ley, serán sancionados disciplinariamente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 72

La suspensión de un abogado no cancela su inscripción, pero deberá hacerse constar al margen del asiento respectivo en el "Libro de Inscripciones de Títulos de Abogados" y será participada a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, a los Colegios de Aboga dos y Delegaciones, a las Cortes y Tribunales Superiores y éstos últimos a su vez, lo comunicarán a los demás Tribunales de su jurisdicción. Comprobado por el interesado el cumplimiento de la pena o su prescripción, el Colegio le dará constancia de cese de la suspensión y la participará a los organismos mencionados en este artículo a los fines consiguientes.

Artículo 73

La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no obsta el ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

Artículo 74

Quien sin ser abogado se anuncie como tal, se atribuya ese carácter o ejerza la abogacía sin llenar los requisitos legales, será castigado con pena de tres a nueve meses de prisión. El enjuiciamiento será de oficio y por ante la jurisdicción ordinaria. En ningún

caso, se acordará la libertad bajo fianza.

Parágrafo Único:

A los efectos de la aplicación de esta sanción se considera el delito como usurpación de funciones públicas.

TÍTULO VI, De la Previsión Social del Abogado

Artículo 75

Todo lo relativo a la previsión social del abogado se regirá por la presente Ley, por el Reglamento de ésta y por los Reglamentos Internos que dicten los organismos competentes, los cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la República.

Artículo 76

Se crea el Instituto de Previsión Social del Abogado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 77

El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social y económico de los profesionales del derecho y a sus familiares y en tal sentido, deberá asegurarles métodos Idóneos de protección social frente a las eventualidades derivadas de la muerte, enfermedad o Incapacidad de aquel, fomentar el ahorro entre sus miembros y propiciar la adquisición de viviendas propias y en general, cualesquiera otras actividades encaminadas a cumplir el objeto esencial de su existencia. En tal virtud el Instituto podrá promover la constitución y funcionamiento de otras entidades que coadyuven al mejor logro de sus fines.

Artículo 78

Son miembros del Instituto de Previsión Social del Abogado todos los Abogados de la República que se hayan inscrito en un Colegio de Abogados, de conformidad con el artículo 7° de la presente Ley.

Artículo 79

El Instituto tendrá su domicilio en Caracas y cada Colegio del interior de la República es una Delegación nata de él y tendrá las atribuciones que le fijen los Reglamentos.

Artículo 80

Los órganos del Instituto son:

a) La Asamblea General que estará integrada hasta por cinco (5) representantes de cada Colegio de Abogados.

b) El Consejo Directivo formado por siete (7) miembros, que se denominarán: Presidente, Primer VicePresidente Segundo VicePresidente, Secretario, Subsecretario, Tesorero y Subtesorero. El Instituto funcionará de acuerdo con lo que al efecto establezcan la presente Ley, el Reglamento Ejecutivo de ésta y sus Reglamentos Internos. El Presidente del Consejo Directivo ejercerá la representación jurídica del Instituto. Las faltas absolutas o temporales del Presidente, las llenarán los vicepresidentes en orden sucesivo.

Parágrafo Primero:

Los Reglamentos del Instituto determinarán las atribuciones de cada uno de sus órganos y la fecha en que habrá de reunirse la Asamblea General, en la cual cada Delegación de Colegio de Abogados, tendrá un voto, decidido por la mayoría de sus integrantes. El Consejo Directivo tendrá voto en los asuntos que no versen sobre su gestión.

Parágrafo Segundo:

Los miembros del consejo Directivo del Instituto, serán designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el área metropolitana de Caracas y duraran dos años en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 81

El patrimonio del Instituto estará integrado:

a) Por los bienes que pertenezcan al Montepío de Abogados.

b) Por las cuotas de Inscripción y los aportes ordinarios y extraordinarios de sus miembros.

c) Por los aportes anuales que haga el Estado para cubrir sus gastos de administración, a cuyo efecto, el consejo Directivo enviará anualmente la estimación al Ministerio de Justicia, a fin de que incluya la partida correspondiente en la Ley de Presupuesto.

d) Por los aportes que le hagan las entidades públicas o privadas.

e) Por un cinco por ciento (5%) del monto de las cantidades recaudadas mensualmente por concepto de arancel y contribuciones, que será también deducido por el funcionario receptor, cuando haga el balance a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Arancel Judicial.

Parágrafo Único:

Los bienes a que se refiere la letra a) comprenden los créditos que el Montepío de Abogados tenga a su favor y a cargo de sus asociados, provenientes riel no pago de las cuotas previstas en la Ley de Montepío de Abogados como de las decretadas por Resoluciones del Consejo Directivo.

Artículo 82

El Consejo Directivo del Instituto queda facultado para reglamentar internamente la estructura y funcionamiento del Instituto.

Artículo 83

El Consejo Directivo deberá presentar anualmente a la Asamblea General, Memoria y Cuenta de su actuación en el año inmediatamente anterior, a los fines de su estudio y resolución.

Título VII, Disposiciones Transitorias

Artículo 84

Se mantendrá la actual composición de la Junta Directiva de los Colegios de Abogados y de la Federación de Colegios de Abogados, hasta tanto se realice una nueva elección.

Aquellos Colegios que no hayan elegido Tribunal Disciplinario procederán a su elección en un plazo no mayor de treinta días a contar de la vigencia de esta Ley.

Artículo 85

Los abogados y procuradores de la República deberán inscribirse en el Instituto de Previsión Social del Abogado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

Artículo 86

Mientras el Ejecutivo Nacional dicta el Reglamento de esta Ley, la Federación, los Colegios de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado se regirán por los suyos internos.

Artículo 87

Elegidos que sean los Tribunales Disciplinarios de cada Colegio de Abogados, el Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Abogados, devolverá a éstos los expedientes de los casos que actualmente está conociendo para que continúe la causa conforme a lo previsto en el artículo 63 de la presente Ley.

Artículo 88

Dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente Ley, los Colegios de Abogados de la República designarán sus Delegados a una Asamblea General del Instituto, la cual elegirá el consejo Directivo. Hasta tanto se reúna dicha Asamblea, las personas que integran el consejo Directivo del Montepío de Abogados, desempeñarán iguales funciones en el consejo Directivo del Instituto.

Título VII, Disposiciones Transitorias

Artículo 89

Lo dispuesto en el artículo 13 no se aplicará a los abogados extranjeros que se encuentren en el ejercicio de la profesión para la fecha de promulgación de la presente Ley.

Artículo 90

El consejo Superior que haya de reunirse con posterioridad inmediata, a la promulgación de la presente Ley, ocupará la sede escogida por la última Convención de Presidentes de Colegios de Abogados para el próximo evento de esta naturaleza que ha debido realizarse.

Disposiciones Finales

Artículo 91

A partir de la vigencia de la presente Ley, el patrimonio del Montepío de Abogados pasará a integrar el patrimonio del Instituto de Previsión Social del Abogado.

Artículo 92

El Ejecutivo Nacional dictará el Reglamento de la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes a su promulgación.

Artículo 93

Se deroga la Ley de Abogados de fecha 25 de julio de 1957, la de Montepío de Abogados de la República de fecha 3 de agosto de 1942 y cualesquiera otras disposiciones que colidan con la presente Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. Años 157° de la Independencia y 108° de la Federación.

El Presidente, (L.S.) Luis Augusto Dubuc.

El VicePresidente, Dionisio López Orihuela.

Los Secretarios, Félix Cordero Falcón, Antonio Hernández Fonseca.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. Años 157° de la Independencia y 108° de la Federación.

Cúmplase (L. S.) RAUL LEONI.

Refrendado.

El Ministro de Justicia, (L. S.) José S. Nuñez Aristimuño.

Ley de Abogados
Publicado en la Gaceta Oficial N° 1.081 del 23 de enero de 1967
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Intimación de Honorarios Jurisprudencia 2011 Exp. Nº 2000-1064

2011-09-25T21:20:00.000-07:00

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, 21 de septiembre de 2011
201º y 152º

Recibido el presente expediente de la Sala Político-Administrativa, contentivo de la estimación e intimación de honorarios profesionales causados en este juicio, a los fines de su tramitación; y, habiéndose dado cuenta del mismo en fecha 2 de agosto de 2011, este Juzgado para decidir acerca de su admisibilidad, observa:

Mediante escrito consignado en fecha 12 de julio de 2011, la abogada María Luz Revollo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.813, actuando con el carácter de representante de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, intentó demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL OVERSEAS, derivados de la condenatoria en costas de la cual fue objeto la mencionada sociedad mercantil, por sentencia Nº 01048, dictada por esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de julio de 2009.

Visto lo anterior, y en virtud de que por auto de fecha 26 de julio de 2011, la ciudadana Presidenta de esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con el criterio establecido en la decisión Nº 1599, dictada por esa Sala el 28 de septiembre de 2004, ordenó la remisión del expediente a este Despacho a los fines de que se siga el procedimiento previsto en el aludido fallo, este Juzgado, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho la referida demanda.

En consecuencia, emplácese a la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL OVERSEAS, en la persona de su Representante Legal, ciudadano León Henrique Cottin, para que conteste o ejerza oposición al derecho alegado por la intimante, en el segundo (2do.) día de despacho siguiente a aquél en que conste en autos su citación, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Compúlsese el libelo, la presente decisión y su correspondiente auto de comparecencia, entréguense al Alguacil del Juzgado a fin de que practique la citación ordenada.

En lo que respecta a la solicitud de que se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la sociedad mercantil Banco Provincial Overseas N.V. (folios 575 del expediente), este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 105 eiusdem, acuerda abrir el respectivo cuaderno separado, el cual se iniciará con la copia certificada de la solicitud, de la presente decisión, demás documentos pertinentes.

Finalmente, por cuanto, se observa que el pronunciamiento que antecede se efectuó vencido como se encontraba el lapso de tres (3) días de despacho establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena notificar al ciudadano Procurador General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio, remitiéndole a dicha funcionaria copia certificada de la presente decisión.
La Jueza,

María Luisa Acuña López La Secretaria,

Noemí del Valle Andrade

Exp. Nº 2000-1064/io.

Intimación de Honorarios Jurisprudencia 2011

2011-09-25T21:13:00.000-07:00

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, 11 de agosto de 2011
201º y 152º

Mediante escrito consignado en fecha 26 de mayo de 2009, los abogados Carmen Rosa Terán Zue y Rafael Ernesto Pichardo Bello, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 35.949 y 63.060, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, interpusieron demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra la sociedad mercantil INTERCONTINENTAL BUSINESS TRADE, C.A., derivados de la condenatoria en costas de la cual fue objeto la indicada sociedad por sentencia Nº 01174, publicada en fecha 4 de julio de 2007, por haber resultado vencida en la demanda que intentara contra la República de Venezuela (ahora República Bolivariana de Venezuela) y el Banco Central de Venezuela, por indemnización de daños y perjuicios.

Por auto de fecha 27 de mayo de 2009, la ciudadana Presidenta de la Sala Político-Administrativa, de conformidad con el criterio establecido en la sentencia Nº 1599, dictada por esa Sala el 28 de septiembre de 2004, ordenó las remisión del expediente a este Despacho a los fines de que se siga el procedimiento previsto en el aludido fallo.

Recibidas las actuaciones y, en virtud de la delegación conferida, este Juzgado, por decisión de fecha 16 de junio de 2009, admitió la intimación propuesta, ordenando al efecto el emplazamiento de la intimada sociedad mercantil Intercontinental Business Trade, C.A., en la persona de sus apoderadas judiciales ciudadanas Ana Cristina Núñez Machado, Ornella Bernabei Zaccaro y Nelly Herrera Bond.

Por diligencia de fecha 14 de julio de 2009, el Alguacil de este Juzgado consignó boleta de citación firmada en fecha 13 del mismo mes y año por la apoderada judicial de la sociedad mercantil Intercontinental Business Trade, C.A., ciudadana Nelly Herrera.

Por escrito de fecha 16 de julio de 2009, las abogadas Margarita Escudero León, María Verónica Espina Molina, Nelly Herrera Bond y Ornella Bernabei Zaccaro, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la intimada, contestaron la demanda y se acogieron al derecho de retasa.

Por diligencia de fecha 6 de agosto de 2009, la abogada Carmen Rosa Terán Zue, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte intimante, solicitó la apertura del lapso probatorio en la presente causa; por ello, este Juzgado en fecha 1° de octubre de 2009, acordó abrir una articulación probatoria de conformidad con lo establecido en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados en concordancia con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, oportunidad en la cual las partes promovieron pruebas.

En fecha 21 de octubre de 2009, este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes, ordenando asimismo la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

Mediante diligencia de fecha 9 de diciembre de 2009, el Alguacil de este Juzgado, consignó en autos la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República.

Finalmente, en fecha 9 de febrero de 2010, la representación del Banco Central de Venezuela, solicitó a este Juzgado dictara sentencia en la presente causa, solicitud que fue ratificada por diligencias de fechas 18 de mayo, 17 de junio y 27 de julio de 2010, así como el 13 de enero y 23 de febrero de 2011.

Ahora bien, este Juzgado pasa de seguidas a pronunciarse sobre la oposición a la intimación de honorarios propuesta, con fundamento en las siguientes consideraciones:

I

Alegan los abogados Carmen Rosa Terán Zue y Rafael Ernesto Pichardo Bello, representantes de la parte intimante, que la obligación objeto de la presente demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales por cobro de costas procesales, se deriva de la condenatoria en costas de la cual fueron objeto la sociedad mercantil Intercontinental Business Trade, C.A., por sentencia Nº 01174, publicada en fecha 4 de julio de 2007, por haber resultado vencida en la demanda que intentara contra la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, por indemnización de daños y perjuicios; fundamentando la demanda en las actuaciones realizadas en el expediente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Abogados.

Por su parte, las abogadas Margarita Escudero León, María Verónica Espina Molina, Nelly Herrera Bond y Ornella Bernabei Zaccaro, en representación de la intimada formulan oposición con base en la argumentación siguiente:

“De manera que, el Banco Central de Venezuela señala un monto excesivo que no corresponde al verdadero valor de la demanda y que, por el contrario, lo excede con creces, sin que exista a lo largo del escrito contentivo de la demanda por estimación e intimación de honorarios ningún tipo de fundamento en base al cual la parte intimante pudo haber concluido que la suma de doscientos seis mil novecientos nueve bolívares fuertes con cincuenta y ocho céntimos era el monto en base al cual debían ser calculadas las costas procesales.
Como ya fue señalado, el único valor en que podría haberse estimado la demanda es la cantidad de veinte mil doscientos veintiocho bolívares fuertes con ochenta y nueve céntimos , siendo que es el (sic) única cantidad cierta que contiene la misma, de ello se deriva que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, el treinta por ciento <30 %> del valor de lo litigado corresponde a la cantidad de seis mil sesenta y ocho bolívares fuertes con sesenta y siete céntimos . Asimismo, de acuerdo con lo indicado en la sentencia 1174 sólo le corresponde al Banco Central de Venezuela recibir el cincuenta por ciento <50%>de las costas procesales, siendo esto equivalente a tres mil treinta y cuatro bolívares fuertes con treinta cuatro céntimos , monto definitivo que, de acuerdo con el valor de lo litigado, tiene derecho a cobrar la parte intimante. Es por la razones expuestas que rechazamos la demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales propuesta por el Banco Central de Venezuela, particularmente en lo que se refiere al monto estimado por concepto de costas procesales y asimismo solicitamos se someta el mismo al derecho de retasa, según lo señalado en la sentencia N° 1599 del 28 de septiembre de 2004 de la Sala Político Administrativa…” (Subrayado del texto).

II

Durante el lapso probatorio, los apoderados de las partes, a fin de demostrar sus respectivas afirmaciones promovieron las siguientes pruebas:
Parte Intimante:

1.- Mérito favorable de las siguientes actuaciones judiciales: escrito de estimación e intimación de honorarios (folios 301 al 306, pieza N° 3), auto de admisión de fecha 16 de junio de 2009 (folios 309 al 311, pieza N° 3), escrito de oposición a la intimación presentado por la parte intimada (folios 315 al 321, pieza N° 3), “y de cualquier otra actuación que presentare la parte demandada en la presente causa”.

2.- Mérito favorable de la sentencia N° 01174, dictada en fecha 4 de julio de 2007 por la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia (folios 229 al 281, pieza N° 3).

3.- Cada una de las diferentes actuaciones realizadas por los representantes del Banco Central de Venezuela: instrumento poder (folios 33 al 41, pieza N° 2), estudio del caso, elaboración y consignación del escrito de contestación al fondo de la demanda de fecha 25 de julio de 2001 (folios 2 al 32, pieza Nº 2), elaboración y consignación del escrito de promoción de pruebas, de fecha 3 de octubre de 2001 (folios 110 al 117, pieza Nº 2), elaboración y consignación de escrito de informes de fecha 28 de febrero de 2002 (folios 136 al 158, pieza Nº 3), diligencia mediante la cual se dan por notificados de la sentencia dictada y solicitando la notificación de la contraparte (folio 285, pieza N° 3), diligencia solicitando la tasación de costas procesales de fecha 25 de marzo de 2008 (folio 294, pieza Nº 3), diligencia ratificando la solicitud de tasación de costas procesales de fecha 17 de junio de 2008 (folio 295, pieza N° 3).

En cuanto a las instrumentales antes identificadas sobre las cuales la parte intimante invoca el mérito favorable, estima este Juzgado que por cuanto no fueron desconocidas ni impugnadas en su oportunidad por los intimados, quedaron legalmente reconocidas conforme a las reglas previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que adquirieron el valor de fidedignas indicado en esta norma. Así se declara.

Parte intimada:

1.- Mérito favorable de autos y, en especial, el contenido de los anexos “H” e “I” del escrito contentivo de la demanda intentada por Intercontinental Business Trade C.A. contra la República de Venezuela y el Banco Central de Venezuela (folios 78 y 79, pieza N° 1), el libelo de la demanda (folios 1 al 37, pieza N° 1).

En cuanto a las instrumentales antes identificadas sobre las cuales la parte intimada invoca el mérito favorable, estima este Juzgado que por cuanto no fueron desconocidas ni impugnadas en su oportunidad por la intimante, quedaron legalmente reconocidas conforme a las reglas previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y 1374 del Código Civil. Así se declara.

III

Analizados como han sido el libelo de la demanda, el escrito de oposición y cada una de las pruebas aportadas por la parte intimante, este Juzgado considera que, ha quedado demostrado en autos, en primer término, que ciertamente mediante sentencia Nº 01174, publicada en fecha 4 de julio de 2007, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda intentada por la sociedad mercantil Intercontinental Business Trade, C.A., contra la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, condenando a la mencionada empresas en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil, por resultar totalmente vencida en el juicio indicado e, igualmente, quedó demostrado que los abogados Rafael Martín Ponte, Julieta Salcedo de Linares, Judith Palacios Badaracco, Carmen Rosa Terán Zué y Rafael Ernesto Pichardo Bello, realizaron actuaciones en el decurso de dicho juicio actuando en representación del Banco Central de Venezuela.

Ahora bien, en relación con el alegato de oposición, relativo a que el Banco Central de Venezuela debió calcular las costas basándose en el monto de veinte mil doscientos veintiocho bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 20.228.89), correspondientes a la cuantía de la demanda principal, sin que pueda aplicarse a dicha cantidad la corrección monetaria, en virtud de haber esgrimido “…la única cantidad sobre la cual deben calcularse las costas en el presente caso es la suma de veinte mil doscientos veintiocho bolívares fuertes con ochenta y nueve céntimos (Bs. F 20.228,89), sin que pueda aplicarse a dicha cantidad ninguna clase de indexación o corrección monetaria” corresponde destacar que las costas del proceso comprenden los gastos imprescindibles y directos que se traducen en aquellos gastos procesales hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, tanto los expresamente previstos en la Ley, como todos los demás gastos diversos realizados en el proceso y con ocasión de éste, desde su inicio hasta su correspondiente conclusión, como por ejemplo, emisión de copias certificadas, evacuación de pruebas, intervención de testigos, honorarios de asociados y asesores, honorarios de médicos, ingenieros, intérpretes, contadores, otros expertos, peritos avaluadores y tasadores, honorarios de depositarios y, entre otros, honorarios de abogados.

En este sentido, como quiera que el fallo dictado por esta Sala en fecha 4 de julio de 2007, declaró “...SIN LUGAR la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la sociedad mercantil INTERCONTINENTAL BUSINESS TRADE C.A., contra la REPÚBLICA DE VENEZUELA y el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Se condena en costas a la parte demandante por un monto de cincuenta por ciento (50%) de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil, las cuales sólo podrán ser reclamadas por el Banco Central de Venezuela”; observa este Juzgado, que el objeto fundamental de la oposición está dirigido a cuestionar el monto de lo intimado, tema que sólo corresponde dilucidar al tribunal de Retasa. Así se decide.

Consecuente con los términos expuestos, le resulta forzoso a esta Instancia declarar sin lugar la oposición de la parte intimada y procedente la estimación e intimación de honorarios interpuesta por los abogados Carmen Rosa Terán Zue y Rafael Ernesto Pichardo Bello, actuando con el carácter de apoderados del Banco Central de Venezuela; asimismo, en virtud de la subsidiaria petición de retasa, este Juzgado la decreta de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Abogados. Para conocer de ello, acuerda constituir el Tribunal Retasador, el cual estará conformado por esta Sustanciadora asociada con dos abogados de reconocida solvencia, nombrado uno por cada parte, para lo cual se fija las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del quinto (5°) día de despacho siguiente a la última notificación que de la presenten decisión se haga. Así se declara.

Notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República, y una vez que conste en autos su notificación, la causa quedará suspendida de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio, remitiéndole a dicha funcionaria copia certificada de la solicitud, de la presente decisión y demás documentos pertinentes.

Conforme a lo anterior, este Juzgado ordena notificar lo aquí decidido, a tenor de lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, a la sociedad mercantil Intercontinental Business Trade, C.A. en la persona de su Presidente o de cualquiera de sus apoderados judiciales ciudadanos Margarita Escudero León, María Verónica Espina Molina, Nelly Herrera Bond y Ornella Bernabei Zaccaro, y al Banco Central de Venezuela, en la persona de cualesquiera de sus apoderados, dejando establecido que una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzará a discurrir el lapso ya indicado, para que tenga lugar el acto de nombramiento de los Jueces Retasadores y así se declara. Líbrense boletas.
La Jueza,

María Luisa Acuña López
La Secretaria,

Exp. Nº 13.744/mc. Noemí del Valle Andrade

Recurso de Revisión Jurisprudencia Expediente N° 2009-1123

2011-09-25T21:09:00.000-07:00

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente N° 2009-1123

El 6 de octubre de 2009, se recibió en esta Sala Constitucional solicitud de revisión de las sentencias números 00554/2009 y 1.193/2009 dictadas por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de mayo de 2009 y el 6 de agosto de 2009, respectivamente, presentada por la sociedad mercantil TRANSPORTES AÉREOS DE MARACAY S.A. (TAMSA), domiciliada en la Ciudad de Panamá de la República de Panamá e inscrita por ante la Notaría Octava del Circuito, Provincia de Panamá, República de Panamá, representada por su apoderada judicial abogada Carmen Gloria Figueroa Valenzuela, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.739, según consta en instrumento poder consignado en actas; de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la entonces vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 8 de octubre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe este fallo.

El 29 de octubre de 2009 la apoderada judicial de la referida empresa solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos de las sentencias objeto de la presente solicitud de revisión.
El 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2009 y el 26 de enero de 2010, la abogada Yrene López Noriega, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.739, actuando con el carácter de apoderada judicial de la referida empresa, según consta en instrumento poder consignado en actas, solicitó pronunciamiento sobre la medida cautelar de suspensión de los efectos de las sentencias objeto de la presente solicitud de revisión.
El 8 de febrero de 2010, la abogada Carmen Gloria Figueroa Valenzuela, actuando con el carácter de apoderada judicial de la referida empresa, según consta en poder consignado en actas, ratificó la solicitud de pronunciamiento sobre la aludida medida cautelar, jurando la urgencia del caso. Dicha solicitud fue ratificada el 18 de mayo de 2010.
El 7 de junio, 17 de junio, 16 de julio, 30 de septiembre, 4 de noviembre y 7 de diciembre de 2010, la abogada Yrene López Noriega, actuando con el carácter de apoderada judicial de la referida empresa, según consta en poder consignado en actas, solicitó que se dicte sentencia en la presente causa.
El 9 de diciembre de 2010 se constituyó esta Sala Constitucional, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

El 11 de enero y 3 de febrero de 2011, la parte actora pidió que se dicte sentencia en la presente causa.

Efectuada la lectura y revisión de las actas, esta Sala pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

Observa la Sala que la solicitante señaló como fundamento de su pretensión de revisión, esencialmente, lo siguiente:

Precisó, como antecedentes, que el 2 de febrero de 2008 interpuso ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes un recurso contencioso tributario, conjuntamente con amparo cautelar, contra “el procedimiento de abandono, el acto de remate y adjudicación” del 17 de julio de 2007, efectuado por la Aduana Principal de San Antonio del Estado Táchira, sobre una aeronave de su propiedad, marca: Beechcraft King, serial: BB33, modelo: King Air 200, año: 1979, registro: N90806; el cual fue declarado inadmisible mediante sentencia N° 322-2008 del 18 de julio de 2008, con fundamento en que según se desprendía de las actas, la recurrente no tenía interés procesal, por no ser la propietaria del referido bien.

Indicó que contra dicha decisión, el 31 de julio de 2008, interpuso el recurso de apelación, siendo el caso que la Sala Político Administrativa, mediante auto del 28 de enero de 2009, fijó el lapso de quince (15) días de despacho para que las partes presentaran sus alegatos.

Destacó que, el 11 de marzo de 2009, la Secretaría de la Sala Político Administrativa, realizó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día en que se dio cuenta del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que culminó el lapso para consignar alegatos, inclusive, dejando constancia que habían transcurrido quince (15) días de despacho.

Agregó que, encontrándose la recurrente hoy solicitante domiciliada en la República de Panamá, el 14 de abril de 2009, solicitó la reposición de la causa al estado de que se fijara el respectivo término de la distancia, más el lapso para la presentación de la formalización de la apelación interpuesta.

Añadió que, el 6 de mayo de 2009, la Sala Político Administrativa dictó la sentencia N° 00554/2009, mediante la cual declaró tácitamente desistido el recurso de apelación interpuesto por no haber formalizado dicho recurso dentro del lapso establecido de 15 días de despacho, sin tomar en cuenta la solicitud formulada, ni explicar las razones que tendría para obviar tal petición.

En atención a dicha decisión, el 7 de mayo de 2009, solicitó a la Sala Político Administrativa que, conforme al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, procediese a revocar la sentencia N° 00554/2009, por no pronunciarse sobre la solicitud de otorgamiento del término de la distancia para formalizar el recurso de apelación y que, en consecuencia, acordara la reposición de la causa al estado de que se fijara nuevamente el lapso para la formalización del recurso más el término de la distancia, en atención a que el domicilio de la recurrente se encontraba fuera de Venezuela. Esta solicitud fue resuelta mediante sentencia N° 1.193/2009 del 6 de agosto de 2009, que declaró improcedente la solicitud de revocatoria de la sentencia N° 00554/2009 peticionada.

Esgrimió que la sentencia N° 00554/2009, dictada el 6 de mayo de 2009 por la Sala Político Administrativa, incurrió en el vicio de incongruencia omisiva al no tomar en cuenta, al momento de dictar sentencia, los alegatos y solicitud de la parte apelante respecto del otorgamiento del término de la distancia para formalizar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, vulnerando lo previsto en el artículo 243, cardinal 5 del Código de Procedimiento Civil que produce la nulidad de la sentencia objeto de revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 eiusdem y causándole indefensión por cuanto no se le dio a conocer la razón por la cual no se concedió el beneficio del referido término.

Precisó que la Sala Político Administrativa reconoció la incongruencia omisiva cuando en la sentencia de aclaratoria N° 1.193/2009, dictada el 6 de agosto de 2009, señaló que no desestimó expresamente la solicitud de reposición de la causa y consecuente fijación del término de la distancia.

Arguyó que la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión, se apartó de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional sentada en la sentencias números 622/2001, 966/2001, 3408/2003, 2433/2007, 235/2009 y 407/2009, sobre la obligación de los jueces de fijar el término de la distancia a las partes domiciliadas fuera de la localidad del tribunal de la causa.

Citó la doctrina de la Sala Constitucional sobre incongruencia omisiva, contenida en las sentencias N° 1340/2002, N° 2465/2002, 38/2006 y 2419/2007.

Denunció que la Sala Político Administrativa le dio un tratamiento discriminatorio a su causa, por cuanto en otros casos otorgó el término de la distancia a la parte domiciliada fuera de la ciudad de Caracas, según consta en sentencias N° 4533/2005, 1641/2007 y 578/2008, violando con ello su derecho a la igualdad, previsto en el artículo 21 del Texto Fundamental.

Puntualizó que el vicio de incongruencia omisiva, en el cual incurrió la sentencia objeto de revisión por no haberse pronunciado sobre la solicitud de reposición de la causa y la fijación del término de la distancia para la formalización del recurso de apelación, así como por haber incurrido en la omisión de haber establecido el referido término en dicha causa en contraposición con otras causas en las que sí fue fijado, constituyen una lesión a sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la expectativa plausible, además de que se configura un desacato a la doctrina vinculante de la Sala Constitucional en esta materia.

Agregó que la Sala Político Administrativa en la sentencia N° 1193/2009 incurrió en un vicio adicional, responsabilizando a la apelante hoy solicitante por no haber presentado oportunamente la solicitud de reposición de la causa por la falta de fijación del término de la distancia, pues señaló que no podía entrar a conocer los alegatos formulados en el escrito consignado el 14 de abril de 2009, a pesar de que no había desestimado explícitamente esa solicitud, debido a que para esa fecha había transcurrido con creces el lapso dispuesto ex lege para tal fundamentación, incluidos los nueve (9) días continuos concernientes al término de la distancia, tomando en cuenta el trayecto existente entre la ciudad de San Antonio del Táchira, indicado como domicilio procesal a los efectos del presente juicio por su apoderado judicial, y la ciudad de Caracas.

Al respecto, esgrimió la solicitante que su domicilio se encontraba en la Ciudad de Panamá, República de Panamá y que la ciudad de San Antonio del Táchira es el domicilio de su apoderado judicial, por lo que la sentencia aclaratoria parte de un falso supuesto.

Señaló que, a todo evento y a pesar de que en la sentencia N° 554/2009 la Sala Político Administrativa señaló que la empresa se encontraba domiciliada en Ciudad de Panamá, no otorgó ningún término de la distancia, ni los nueve días referidos, cuando dictó el auto del 20 de enero de 2009 para fijar el lapso de quince días para presentar los alegatos o fundamentación de la apelación, por lo que mal puede señalar ahora que el término de la distancia de nueve días continuos que corresponderían de acuerdo al domicilio fijado por el apoderado, estaban igualmente vencidos para el momento en el cual solicitó la reposición de la causa.

Afirmó que decisiones como esa generan inseguridad jurídica y un caos ante la incertidumbre de conocer cuál era el término de la distancia que correspondía adicionar a los quince días para la formalización de la apelación, pues ello no se señaló en el referido auto del 20 de enero de 2009, por lo que el argumento de que se solicitó la reposición fuera del lapso, no justifica el incumplimiento del deber de fijar el término de la distancia con el fin de garantizar a la parte apelante su derecho a la defensa en el proceso, que debió llevar a la Sala Político Administrativa a revocar de oficio su decisión N° 554/2009 ante tan evidente omisión.

Solicitó la parte actora a la Sala, que dicte medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia objeto de revisión, para lo cual señaló que la presunción de buen derecho deviene de las sentencias N° 622/2001, 966/2001, 3408/2003, 2433/2007, 235/2009 y 407/2009 de esta Sala Constitucional, así como de las sentencias N° 4533/2005, 1641/2007 y 578/2008 de la Sala Político Administrativa, ya que basta su lectura y cotejar su contenido con las sentencias objeto de revisión para verificar que la Sala Político Administrativa contrarió los criterios vinculantes de la Sala Constitucional y los suyos, sobre el otorgamiento obligatorio del término de la distancia a la parte que esté domiciliada en una localidad distinta a la del tribunal de la causa. Asimismo, señaló que el periculum in mora dimana de la propia sentencia N° 554/2009 objeto de la presente impugnación por haber declarado desistida la apelación, quedando firmes en consecuencia, la sentencia de primera instancia y los actos administrativos impugnados de remate y adjudicación de una aeronave que le pertenece, impidiéndole demostrar su propiedad.

A los efectos de cumplir con los requisitos de admisibilidad de la pretensión de revisión constitucional, la solicitante presentó anexa, copia certificada del escrito en el cual se solicitó la reposición de la causa y fijación del término de la distancia, instrumento poder y copia certificada de las sentencias objeto de revisión, entre otros.

II
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN

La Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, dictó la sentencia N° 554 el 6 de mayo de 2009, mediante la cual declaró desistido el recurso de apelación por falta de formalización, por estimar fundamentalmente lo siguiente:

“Dispone el artículo 19, aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

‘Artículo 19: (…) Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte.’. (Destacado de la Sala).

La norma transcrita establece la carga procesal para la parte apelante, de presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio de la relación de la causa, el escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su apelación. De igual forma, impone como consecuencia jurídica que la falta de comparecencia de la parte apelante dentro del término legalmente señalado, se considerará como desistimiento tácito de la apelación y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte.

No obstante, tratándose este caso concreto de la apelación contra una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, esta Sala por razones de economía y celeridad procesal no siguió su tramitación de conformidad con el procedimiento de segunda instancia previsto en el citado artículo 19 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, sino que, en su lugar, ordenó la aplicación del procedimiento breve establecido respecto de las incidencias tributarias (vid. fallo de esta Sala No. 01317 del 06 de abril de 2005, caso: Del Sur Banco Universal, C.A.), en el cual existe un lapso de quince (15) días de despacho para que el apelante y su contraparte presentaran sus escritos respectivos y, vencido éste, la causa entrará en estado de sentencia.

Ahora bien, en el presente caso se desprende del cómputo realizado por la Secretaría de esta Sala en fecha 11 de marzo de 2009, que desde el día en que se dio cuenta del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que culminó el lapso para consignar alegatos, inclusive, transcurrieron quince (15) días de despacho, ‘correspondientes a los días 29 de enero, 03-04-05-10-11-17-18-19-25-26 de febrero, 03-04-05 y 10 de marzo de 2009, respectivamente’, sin que la representación judicial de la parte apelante consignara el respectivo escrito.

Con fundamento en lo antes expuesto y toda vez que el fallo recurrido no violenta normas de orden público, debe esta Alzada concluir que la contribuyente desistió tácitamente del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, aparte 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara”.

En la sentencia N° 1.193 dictada el 6 de agosto de 2009, la Sala Político Administrativa declaró improcedente la solicitud de revocatoria del fallo N° 554 del 5 de mayo de 2009, por estimar fundamentalmente lo siguiente:

“El presente asunto se contrae a decidir respecto de las solicitudes de ‘revocatoria’ de la sentencia número 554 del 5 de mayo de 2009, así como de ‘la reposición de la presente causa al estado en que esta honorable Sala fije el respectivo Término de Distancia más el lapso para la presentación de la formalización’, efectuadas por la apoderada judicial de la contribuyente.

A tal efecto, resulta menester observar que en el fallo cuya ‘revocatoria’ se peticiona, esta Sala declaró desistida, por falta de fundamentación, la apelación ejercida por la representación judicial de la contribuyente contra la decisión interlocutoria dictada en fecha 18 de julio de 2008 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso contencioso tributario incoado.

Siendo ello así, la solicitud objeto de la presente sentencia devendría en inadmisible, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que establece: (...).

Sin embargo, es preciso advertir que en sentencia N° 2231 del 18 de agosto de 2003, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, ratificando el criterio sostenido en su decisión N° 115 del 6 de febrero de 2003, estableció lo siguiente: (…).

De acuerdo con lo que se desprende del antecedente jurisprudencial supra transcrito, excepcionalmente podría el órgano jurisdiccional dejar sin efecto, en el marco de lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, una decisión por él dictada que ponga fin al juicio, esto es, con fuerza de definitiva, cuando por error material o una inadvertencia prescinda de un elemento esencial que haga improcedente la declaratoria proferida, siempre y cuando -entiende esta Sala Político-Administrativa- no sea consecuencia de un pronunciamiento sobre el mérito del asunto.

Ahora bien, en el presente caso la representación judicial de la contribuyente en su petición de revocatoria del fallo y reposición de la causa, precisamente arguye que esta Sala no tomó en consideración un elemento que -según afirma- impedía declarar desistida la apelación ejercida, por falta de fundamentación.

Por consiguiente, las peticiones bajo análisis se enmarcan en el supuesto que, según la Sala Constitucional, pudiera dar lugar a la revocatoria de la decisión en cuestión dictada por esta Sala Político-Administrativa; de modo, que se impone analizar las solicitudes que sobre el particular hizo la representación en juicio de la contribuyente, y al efecto se observa:

A pesar que en el fallo N° 554 del 5 de mayo de 2009 esta Sala explícitamente no desestimó la solicitud de ‘reposición de la presente causa al estado en que esta honorable Sala fije el respectivo Término de Distancia más el lapso para la presentación de la formalización’, efectuada el 14 de abril de 2009 por la abogada Carmen Gloria Figueroa Valenzuela, apoderada judicial de la contribuyente; mal podía en ese entonces, ni puede en la actualidad prosperar esa petición, habida cuenta que para el momento en que se efectuó había transcurrido con creces el lapso dispuesto ex lege para tal fundamentación, incluidos los nueve días (9) continuos concernientes al término de la distancia, esto último tomando en cuenta el trayecto que hay desde la ciudad de San Antonio del Estado Táchira, lugar indicado por el apoderado judicial de la contribuyente como su domicilio a los efectos del presente juicio, hasta la ciudad de Caracas, sede de este Máximo Tribunal.

En efecto, obsérvese que la solicitud de reposición es de fecha 14 de abril de 2009, y el lapso para fundamentar, incluido, se insiste, el término de la distancia, venció el 19 de marzo de 2009, que se corresponden al cómputo siguiente: (i) quince (15) días de despacho: 29 de enero 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26 de febrero, 3, 4, 5 y 10 de marzo de 2009; y (ii) nueve (9) días consecutivos del término de la distancia: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de marzo de 2009.

De manera tal, que esta Sala no puede suplir la falta de diligencia de la parte apelante por no haber acudido a fundamentar su apelación dentro de ese total de veinticuatro (24) días (15 de despacho más 9 consecutivos del término de la distancia), y emitir un fallo distinto al ya declarado desistimiento de la apelación.

Por consiguiente, resulta manifiestamente improcedente la solicitud de revocatoria del fallo N° 554 del 5 de mayo de 2009 de esta Sala que declaró ‘DESISTIDA’, por falta de fundamentación, la apelación en cuestión, por no existir en la analizada situación un error material o una inadvertencia que hubiese dado lugar a prescindir de un elemento esencial que hiciere contraria a derecho la declaratoria proferida. Así se decide.

En ese contexto, debe finalmente acotarse que la señalada ausencia de diligencia de la parte apelante se hace aun más palpable en este caso, al advertirse la falta de correspondencia entre el cuestionamiento que se hace de la decisión de esta Sala, con la categórica circunstancia relativa a que incluso a la fecha de la presente decisión, nunca se ha presentado escrito alguno de fundamentación de la apelación ejercida”.

III
COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión constitucional y, al respecto, observa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el cardinal 10 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional tiene competencia para revisar las sentencias definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuando una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca, asimismo, los fallos dictados por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el cardinal 11 del citado artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El caso sub júdice trata de una solicitud de revisión de las sentencias números 554 y 1.193 dictadas por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de mayo de 2009 y el 6 de agosto de 2009, respectivamente, presentada por la sociedad mercantil Transportes Aéreos de Maracay S.A. (TAMSA).

Siendo ello así y tomando en cuenta las disposiciones citadas, esta Sala resulta competente para revisar las aludidas sentencias; y así se decide.

IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, esta Sala observa lo siguiente:

En el caso de autos la sociedad mercantil Transportes Aéreos de Maracay S.A. (TAMSA), representada por su apoderada judicial abogada Carmen Gloria Figueroa Valenzuela, solicitó la revisión constitucional de las sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 00554/2009 del 6 de mayo de 2009, mediante la cual declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por no haber realizado su formalización dentro del lapso establecido de quince (15) días de despacho; y N° 1.193/2009 del 6 de agosto de 2009, que declaró improcedente la solicitud de revocatoria de la sentencia N° 00554/2009.

Es preciso destacar que la revisión a que hace referencia el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los cardinales 10 y 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con su doctrina vinculante, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional revisar los fallos sometidos a ésta con ese fin.

Ello es así, por cuanto la revisión no puede ser entendida como una nueva instancia pues sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la Ley que, por tal razón, sean definitivamente firmes y, por tanto, gocen del carácter de cosa juzgada.

En este orden de ideas, esta Sala Constitucional estableció en sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, Caso: Corpoturismo, lo siguiente:

“… esta Sala, al momento de ejecutar tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, de acuerdo a una interpretación uniforme de la Constitución, y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, está obligada, a ser excesivamente prudente en cuanto a la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial…
Omissis…

Esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

En virtud de lo señalado, esta Sala Constitucional puede, sin motivación alguna, admitir o rechazar prima facie la revisión solicitada de sentencias definitivamente firmes, de acuerdo con la ponderación que realice de: a) velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución; y b) salvaguardar la garantía de la cosa juzgada judicial.

Esta actuación discrecional de la Sala en ejercicio de la potestad conferida en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, opera frente a la estimación de circunstancias limitadas constitucionalmente y definidas en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001, Caso: Corpoturismo, supra referido, según el cual la Sala señaló, a demás, que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, la Sala ejercerá la potestad de revisar conforme a los siguientes criterios:

“…1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente interpretaciones sobre la Constitución, contenida en sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando así un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

Ahora bien, esta Sala observa que, según se desprende de las actas, en este caso las sentencias sometidas a revisión son definitivamente firmes, pues con ellas se agotó la vía recursiva ordinaria. Por lo tanto, verificado lo anterior, pasa esta Sala a analizar las denuncias formuladas por la solicitante.

Al respecto, aprecia la Sala que la solicitante denunció que la decisión N° 00554/2009 dictada el 6 de mayo de 2009 por la Sala Político Administrativa, incurrió en el vicio de incongruencia omisiva por no haberse pronunciado sobre la solicitud de reposición de la causa y fijación del término de la distancia para formalizar el recurso de apelación interpuesto, contraviniendo la doctrina de esta Sala sobre la materia.

Asimismo, alegó que la sentencia N° 1.193/2009 negó la reposición y fijación del término de la distancia con base en que la apelante presentó la solicitud extemporáneamente, esto es, fuera del lapso de los quince (15) días fijados por la Sala para la fundamentación de la apelación, e incluso fuera de los nueve (9) días continuos que le hubiesen correspondido por término de la distancia, tomando como su domicilio la ciudad de San Antonio del Táchira, señalada por su apoderado judicial como domicilio procesal a los efectos de ese juicio.

Señaló la solicitante que dichas sentencias lesionaron sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica y expectativa plausible, al no otorgarle el beneficio del término de la distancia al que tiene derecho, por encontrarse domiciliada en la Ciudad de Panamá, conforme lo establecido en la ley y a la doctrina jurisprudencial de esta Sala Constitucional y de la misma Sala Político Administrativa y por asumir como domicilio de la empresa el domicilio procesal fijado por su apoderado judicial.

Advierte la Sala que existen fundamentalmente dos denuncias, por una parte, que la sentencia N° 00554/2009, dictada el 6 de mayo de 2009, no se pronunció sobre lo solicitado por la parte apelante y, por la otra, que la sentencia N° 1.193/2009 negó la reposición de la causa y la fijación del término de la distancia solicitado, con lo cual se estaría contraviniendo la doctrina de esta Sala sobre la materia y de la propia Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

Con relación a la denuncia de incongruencia negativa formulada por la solicitante respecto de la sentencia N° 00554/2009, cabe destacar que el cardinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:

“Toda sentencia debe contener: (…) 5: decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”.

Esta norma impone al juzgador la inexcusable obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos y defensas opuestas por las partes so pena de incurrir en citra petita y lesionar con ello los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes.

En este mismo sentido, esta Sala ratifica su doctrina sobre la incongruencia negativa, partiendo de la concurrencia de ciertos elementos para determinar su existencia, como son: a) la formulación del alegato respecto del cual se denuncia falta de pronunciamiento; b) que era la oportunidad en que el juzgador debía pronunciarse; c) que el alegato contenía la pretensión de la parte en el proceso o en la instancia; y d) que el pronunciamiento no podía deducirse de la motivación del fallo; cuando concurren todos estos elementos se estaría colocando a la parte en una situación de indefensión que conllevaría la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y específicamente a la defensa.

Específicamente en la sentencia N° 1840/2008, la Sala indicó lo siguiente:
“Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ‘incongruencia omisiva’ del fallo sujeto a impugnación.
…Omissis…
Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.
Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ‘omisión injustificada’.
Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado”.

Bajo la perspectiva del criterio jurisprudencial citado, esta Sala pasa a examinar la sentencia N° 00554/2009 dictada el 6 de mayo de 2009, objeto de la solicitud de revisión y, en este sentido, constata que en efecto, no existe un pronunciamiento expreso o que pueda deducirse de la motivación del fallo respecto de la solicitud formulada el 14 de abril de 2009 por la empresa apelante sobre la reposición de la causa al estado de que se fijara el término de la distancia para la fundamentación de la apelación, en razón de que en el auto del 28 de enero de 2009 no fue fijado; asimismo, se verificó que si bien había transcurrido el lapso establecido en el referido auto para la presentación de los alegatos, dicha petición fue presentada con anterioridad a la fecha en la cual se dictó la sentencia que declaró el desestimiento de la apelación, de modo que antes de esa oportunidad procesal, o en ese mismo acto jurisdiccional, la Sala Político Administrativa debía analizar, valorar y decidir dicha pretensión, en atención del principio de exhaustividad del fallo y a la tutela judicial efectiva.

Aprecia esta Sala que resulta evidente la omisión en la cual incurrió la Sala Político Administrativa de decidir la petición que le fuere formulada por la recurrente sobre la determinación del tan aludido término de la distancia pues, como ya se indicó, dicha solicitud fue presentada en fecha anterior a la sentencia que declaró el desistimiento, de modo que ésta debió abarcar la totalidad de los alegatos y pretensión de la parte en la causa con ocasión de la apelación interpuesta; en virtud de lo cual esta Sala Constitucional estima que la sentencia N° 00554/2009, dictada el 6 de mayo de 2009, incurrió en citra petita o falta de pronunciamiento y en la consecuente vulneración de la doctrina de esta Sala sobre el vicio de incongruencia negativa del fallo; y así se decide.

Igualmente se observa que, en la sentencia aclaratoria N° 1.193/2009 del 6 de agosto de 2009, la Sala Político Administrativa negó la revocatoria del fallo N° 00554/2009 y, consecuentemente, la fijación del término de la distancia, partiendo del hecho de que, aunque expresamente no lo hubiese señalado, para la fecha en la cual la empresa apelante lo había solicitado, habían transcurrido los quince días para la fundamentación más los nueve (9) días que le habrían correspondido por término de la distancia -tomando para su cálculo el domicilio procesal fijado por su apoderado judicial-, argumento que según esta Sala produce inseguridad jurídica e imprime incertidumbre a la parte apelante, pues si dicho término no fue fijado por la alzada en su oportunidad no puede luego considerarlo vencido, porque nunca existió; tal proceder, por parte de la Sala Político Administrativa desvirtúa la finalidad de los términos y lapsos que la ley adjetiva prevé en beneficio de las partes, que no es otra, que dar un espacio para que tengan lugar las actuaciones de acuerdo con la garantía del debido proceso y asegurar el ejercicio del derecho de la defensa durante el proceso y por esta vía alcanzar una tutela judicial efectiva.

Al hilo de lo anterior observa la Sala que, a pesar de que en la narrativa de las sentencias cuestionadas expresamente se indica que la empresa apelante es una “sociedad panameña, debidamente inscrita por ante la Notaría Octava del Circuito, provincia de Panamá, República de Panamá, bajo la escritura N° 15.168, de fecha 5 de noviembre de 2003 y por ante la sección Mercantil del Registro Público de Panamá, ficha N° 442962, Documento Redi N° 548570, de fecha 06 de noviembre de 2003, debidamente apostillado el mencionado documento de Registro bajo el N° 13488, de fecha 03 de julio de 2006, por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá” y de que la parte apelante había solicitado expresamente la fijación del término de la distancia, dicha petición le fue negada por la Sala Político Administrativa.

En este orden de ideas, considera la Sala que es preciso ratificar su doctrina relativa al beneficio del término de la distancia, en la cual ha señalado de forma reiterada que este término no solo se establece para los efectos del traslado de las partes, sino también para la adecuada preparación de su defensa (Vid. Sentencia N° 622/2001); que se otorga a la parte y no a sus apoderados (Vid. Sentencia N° 966/2001); que la falta de previsión del término de la distancia respecto del lapso establecido para la formalización de la apelación no puede cercenar el derecho a la defensa del apelante que no tiene su residencia en la localidad del juicio (Vid. Sentencia N° 3408/2003); que la revisión del expediente por parte de los apoderados judiciales después de la fijación de la audiencia no subsana el error del juez de no conceder el referido término (Vid. Sentencia N° 2433/2007); que la omisión de conceder el término de la distancia solicitado por la demandante constituye la violación del derecho de la defensa, según lo previsto en el artículo 49 de la Constitución (Vid. Sentencia N° 235/2009); y que es una obligación del juez fijar dicho término conforme lo prevé la ley adjetiva civil (Vid. Sentencia N° 407/2009).

Por tal motivo, resulta evidente para esta Sala que con la negativa a otorgar el término de la distancia a la parte apelante domiciliada fuera de la localidad del Tribunal de Alzada, en este caso la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, se lesionó su derecho al debido proceso y se le colocó en un estado de indefensión, pero que además los argumentos que sirvieron de fundamento para negarla sacrificaron la seguridad jurídica que ofrece la aplicación de la ley en la tramitación de una causa y en su resolución, por lo que estima que la sentencia aclaratoria N° 1.193/2009, dictada el 6 de agosto de 2009 por la Sala Político Administrativa, es contraria a la doctrina de esta Sala que sostiene la obligación del juez de establecer el término de la distancia; y así se decide.

En consecuencia, la Sala considera que en el caso de autos las decisiones objeto de revisión contrariaron los criterios de esta Sala Constitucional en materia de incongruencia negativa y el término de la distancia, por lo que en atención a los fundamentos y doctrina jurisprudencial expuestos, resulta forzoso declarar que ha lugar la solicitud de revisión de las sentencias números 00554/2009 y 1.193/2009 dictadas por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de mayo de 2009 y el 6 de agosto de 2009, respectivamente; en consecuencia, se anulan los referidos fallos y se ordena a la Sala Político Administrativa que dicte nueva sentencia a partir de lo expuesto en el presente fallo. Así se decide.

Por otra parte, estima la Sala que una vez anuladas las sentencias objeto de la pretensión de revisión solicitada, desaparecen los motivos que sirvieron de fundamento a la pretensión de suspensión de sus efectos, por lo que resulta inoficioso pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR la solicitud de revisión de las sentencias números 00554/2009 y 1.193/2009 dictadas por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de mayo de 2009 y el 6 de agosto de 2009, respectivamente; en consecuencia, se anulan los referidos fallos y se ordena a la Sala Político Administrativa que dicte nueva sentencia a partir de lo expuesto en el presente fallo, previa notificación de las partes.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala Político Administrativa. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 04 días del mes de marzo de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta,

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente,

Francisco Antonio Carrasquero López

Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado

Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada

Arcadio Delgado Rosales
Magistrado Ponente

Juan José Mendoza Jover
Magistrado

Gladys María Gutiérrez Alvarado
Magistrada

El Secretario,

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 09-1123
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2011-06-19T21:02:00.000-07:00

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¿Qué es un Exequátur, Definición?

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Puedo endosar una Letra de Cambio a otro Abogado o a otra Persona / Qué es el Endoso

2011-04-07T16:03:00.000-07:00

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El endoso de la letra de cambio

Derecho Mercantil

En la actualidad dejo de ser una cláusula accesoria e inseparable de la letra de cambio, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o ilimitados. La letra puede transmitirse por endoso, y ésta fue la finalidad inicial de la Letra de Cambio. El endoso debe de ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. Esto según la ultima normatividad.

Endoso en Blanco: Se plasma la sola firma del endosante, y cualquier tenedor podrá llenar en endoso con su nombre o el de un tercero.
ndoso en Propiedad: Transmite la propiedad del titulo de crédito.
Endoso en Procuración: Confiere al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extra judicial.
Endoso en Garantía: Constituye un derecho prendario sobre el titulo y conferirá al endosatario, además de los derechos de acreedor prendario, las facultades del endoso en procuración.

Qué es el Endoso

Endoso es ceder el valor de un cheque al banco o una entidad bancaria de un País determinado. El portador del cheque lo firma al respaldo. Esa firma es lo que se entiende por endoso y el que estampa se denomina endosante. Es una cláusula accesoria e inseparable del título de crédito, en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos.
La principal función del endoso es su función legitimadora: el endosatario se legítima por medio de una cadena ininterrumpida de endosos.
Son elementos personales del endoso, el endosante y el endosatario; siendo el primero el que transmite el título y el segundo, la persona a quien el título se transfiere.

Requisitos y contenido del endoso

El primer requisito es que conste en título o en hoja adherida al mismo, también llamado como principio de inseparabilidad.
Los otros requisitos hacen referencia al contenido del mismo, a saber:
El nombre del endosatario: Es decir, de la persona a quien se transmite el documento. Este no es requisito esencial, ya que se permite el endoso en blanco.
La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre:
Este es el único requisito esencial del endoso, el único cuya falta lo anula en forma absoluta.
La clase de endoso: Tampoco es un requisito esencial, pues en caso de falta, se presumirá que es endoso en propiedad.
El lugar y la fecha: Tampoco son esenciales pues si falta el lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante, y, si falta la fecha, se presumirá que se hizo en la fecha en que el endosante adquirió el título.

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Sobre nuestro Equipo de Asesores Legales y Representantes

Recuerde que todos nuestros Abogados Asociados que representan a nuestra firma de abogados en todo el mundo tiene el mejor reconocimiento académico y profesional internacional de las universidades más prestigiosas del mundo, y todos ellos tienen más de 20 años de práctica jurídica nacional o Internacional según la especialidad.

Nosotros le ofrecemos asesoría legal a nuestros usuarios y patrocinados con abogados de más de 20 años de experiencia e impecable trayectoria académica y profesional.

Para ver Curriculum Profesional:

Dr. Alexander Racini Life n´work aquí

Servicio de ayuda y asistencia académica para estudiantes Universitarios de la Carrera de Derecho a Nivel Internacional

2011-03-07T16:28:00.000-08:00

Alexander Racini & Associates

Firma de Abogados Internacional

Ejercemos en las Principales Ciudades del Mundo entero

La Firma de Abogados Franco-Americana de Mayor expansión en el Mundo

Servicio de ayuda y asistencia académica para estudiantes Universitarios de la Carrera de Derecho a Nivel Internacional

Nuestra Firma de Abogados Internacional le brinda un servicio exclusivo de ayuda académica jurídica a todos los estudiantes Universitarios de las distintas Facultades de Derecho y Leyes del Mundo, específicamente ayuda con la elaboración de trabajos completos de investigación legal sobre todas las implicaciones legales nacional o internacionales de un tema jurídico en específico, por ejemplo, Derecho Mercantil, Obligaciones, el Divorcio Internacional, la extradición, Convenios Internacionales entre Países, etc.

Nosotros elaboramos trabajos y brindamos ayuda especializada con precios especiales únicamente para estudiantes universitarios de cualquier País del Mundo, esto tiene un costo mínimo para cubrir gastos de mantenimiento del sistema:

En Dólares: Cuatrocientos Dólares ($400,oo)
Para Venezuela: Dos Mil Bolívares Fuertes (BsF. 2.000,oo)
Para Europa: Trescientos Euros (€300,oo)

Para disfrutar de este servicio académico tienes que enviarnos tu nombre completo, el nombre de la Universidad, la ciudad y País donde perteneces.

Intercambios Académicos Internacionales para Estudiantes

Harvard Law School

Los Estudiantes de Derecho cuyas solicitudes de asistencia académica sean aprobadas también podrán optar a nuestro Programa de Intercambios Académicos Internacional con las Facultades de derecho más importantes del Mundo.

Envíanos tu Solicitud de Asistencia Académica Online aquí.

Igualmente si deseas realizar tus pasantías con nosotros en nuestra Firma Internacional en la localidad que desees debes enviarnos una solicitud online con tus datos aquí.

Cómo registrar una Marca en USA EEUU Estados Unidos

2011-03-05T20:00:00.000-08:00

Tipos de Propiedad Intelectual en Estados Unidos USA

El primer paso es determinar qué tipo de protección de la propiedad intelectual que necesita. Hay tres tipos de propiedad intelectual: marcas, patentes y derechos de autor. La Oficina de Marcas de la USPTO maneja marcas comerciales solamente. Para obtener información sobre los derechos de autor, por favor comuníquese con la Oficina de Derecho de Autor (una división de la Biblioteca del Congreso).
Sólo abogados con licencia puede representarle ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. (USPTO).
Si usted contrata a alguien para que lo represente, él o ella debe ser un abogado con licencia para ejercer la abogacía en un estado de EE.UU. y ser un miembro de pleno derecho del más alto tribunal de ese Estado. Abogados de otros países, con excepción de ciertos abogados de Canadá y agentes que representan a los contribuyentes canadienses, NO puede ejercer ante la USPTO.
Ver Manual de Marcas de Procedimiento de Examen de las Secciones 602 y 608 para más detalles.

Si está pensando en Registrar una Marca en la Oficina de Patente de Los Estados Unidos y necesita representación legal puede contactarnos y le enviaremos un presupuesto ajustado a sus necesidades.

Contáctenos aquí

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Representación Legal para Empresas Multinacionales o Nacionales del Mundo

2011-02-27T23:34:00.000-08:00

Necesita Asesoría Jurídica o Representación Legal para su Empresas Multinacional o Nacional con operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Latinomérica, el Caribe, Europa o Asia.

Alexander Racini & Associates

Firma de Abogados Internacional

Ejercemos en las Principales Ciudades del Mundo

Representación Legal Empresarial y Corporativa

Alexander Racini & Associates

Necesitas Representación Legal Internacional o Nacional para tu empresa

Te brindamos seguridad jurídica y representación legal para tu Empresa o Corporación en cualquier País del Mundo, y en todas las sucursales que tengas, podrás contar con asesoría legal de nuestro equipo de juristas nacionales e internacionales dependiendo del País donde te encuentres, te brindamos asesoría y soporte legal telefónico, online y en nuestras oficinas durante todo el tiempo que lo requieras.

Cuánto es el costo de honorarios por representación legal a una Empresa o Corporación:

No existe una cantidad de dinero fija predeterminada que tengamos estimada para adquirir nuestra representación Legal Empresarial Corporativa, nosotros te brindamos la oportunidad de que seas tú mismo quien escoja las opciones más adecuadas a tus posibilidades ya que estamos en la capacidad de elaborar un plan de honorarios y costos para tu Empresa adecuado a tus necesidades y las dimensiones de corporación.

Este monto de honorarios podría subir o bajar de acuerdo a las necesidades de representación legal que ustedes tengan que podría incluir lo siguiente:

Representación legal ante cualquier Ente Público Judicial de la República (Tribunales, Ministerios Públicos, Fiscalías, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Administrativo tanto público como privado ( Notarías Públicas, Registros Civiles, Organismos Autónomos, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Financiero Empresarial (Bancos, Empresas, Corporaciones)
Asesoramiento Legal Corporativo Empresarial en todas las áreas del derecho sin importar el País donde te encuentres.

En qué Países pueden representar mi Empresa o Corporación

Alexander Racini & Associates cuenta en la actualidad con presencia en más de ciento veinte (120) Países del Mundo y más de novecientas ciudades (900) a nivel mundial. (Más información: ver lista de Países donde ejercemos).

Cuáles son las ventajas de Contratar nuestra Firma de Abogados Internacional para que represente y asesore mi Empresa

Nuestra impecable trayectoria profesional en el ejercicio ético del derecho:

Alexander Racini & Associates lleva más de cinco lustros en el ejercicio de derecho a nivel Nacional y luego Internacional en el ámbito del Legal Businesss, con un record no solo de casos ganados y llevados a feliz término, si no también con un gran nivel de aceptación y agradecimiento de parte de nuestros patrocinados por el impecable trabajo y la dedicación que le ponemos a cada caso en particular por muy pequeño que sea, todos sabemos que los dos elementos fundamentales e importantes a la hora de celebrar contrato con una Firma de Abogado son: La preparación y el dominio del derecho, la confianza, confidencialidad, ética y honestidad de la relación cliente-abogado, hemos tenido una trayectoria impecable en cuanto al nivel de profesionalismo y honestidad con nuestros clientes, eso se ve claramente reflejado en los índices de aceptación con los que contamos entre nuestros usuarios y patrocinados a través de casi 6 lustros de ejercicio, nuestra forma de obrar desde el punto de vista ético profesional y de cuidar los intereses de nuestros patrocinados ha sido la clave fundamental de nuestro éxito en el mundo del International Legal Market y nuestra rápida expansión a nivel internacional.

Además que trabajamos bajo el patrón Know How en el campo legal internacional lo que nos permite alcanzar niveles de aceptación y confianza que otros no pueden, por citar un ejemplo, muchos de los casos legales que llegan a nuestra Firma por mucha complejidad que tengan, al realizarle uno de nuestros representantes una visita a la contraparte del proceso inmediatamente llegamos a una solución amistosa, ya que sostener un juicio con una Firma de esta trayectoria les resultaría más costosa.

Nuestra rápida expansión en el ámbito Legal Nacional e Internacional:

Alexander Racini & Associates actualmente tiene presencia en más de 120 Países del Mundo y más de 900 ciudades a nivel mundial y continuamos creciendo y expandiéndonos cada día más tanto en el ámbito profesional legal, corporativo, empresarial y por supuesto nunca olvidándonos de nuestro compromiso Académico Universitario, piedra angular de nuestra Organización Legal Internacional.

Igualmente tenemos la capacidad de llegar a miles de hogares, empresas y corporaciones a nivel Nacional e Internacional, si buscas la marca Alexander Racini en Internet usando Google tenemos más de dieciocho millones en búsquedas indexadas a Google. Nuestro poder comunicativo nos ha posicionado ante las nuevas tecnologías de internet en los primeros lugares de recepcción obteniendo en conjunto todos nuestros Sites miles de visitas y audiencia direccionada a los sectores legales y empresariales corporativos. Alexander Racini, CEO President de nuestra Organización, cuenta en su haber como más de diez mil alumnos esparcidos a nivel Nacional e Internacional.

Alexander Racini & Associates

Sobre nuestro Equipo de Asesores Legales y Representantes

Nosotros le ofrecemos asesoría legal a nuestros usuarios con abogados con más de veinte años de graduados.

Cómo afilio mi Empresa a Alexander Racini & Associates para que la representen legalmente o reciba asesoría legal corporativa

Si deseas formar parte de las cientos de Empresas y Corporaciones Nacionales e Internacionales que están bajo nuestro Patrocinio puedes enviarnos tu solicitud de contacto a través de este formulario online, una vez que tengamos tus datos uno de nuestros representantes se pondrá en contacto contigo para enviarte toda la información adicional y elaborar en conjunto el Plan de Adquisición a la medida de tus necesidades.

Completa el formulario de Solicitud a continuación con tus datos bien escritos para poder contactarte, si no consigues enviar el formulario es porque no has completado los campos obligatorios:

Nota:

En el Campo "Asunto" coloca "Representación para Empresa" :

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Abogados representantes de Companias Extranjeras en Venezuela
Representación Legal para Empresas en Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, España, Portugal, Francia, Italia, Londres Reino Unido UK, Madrid, China Hong Kong, Tokio Japón, Australia.

Representación Legal para Empresas Nacionales o Multinacionales en Venezuela

2011-02-27T23:31:00.000-08:00

Necesita Asesoría Jurídica o Representación Legal para su Empresas Nacional o Multinacional con operaciones en Venezuela, Latinomérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa o Asia.

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Representación Legal Empresarial y Corporativa

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Necesitas Representación Legal Internacional o Nacional para tu empresa

Cuánto es el costo de honorarios por representación legal a una Empresa o Corporación:

No existe una cantidad de dinero fija predeterminada que tengamos estimada para adquirir nuestra representación Legal Empresarial Corporativa, nosotros te brindamos la oportunidad de que seas tu mismo quien escoja las opciones más adecuadas a tus posibilidades ya que estamos en la capacidad de elaborar un plan de honorarios y costos para tu Empresa adecuado a tus necesidades y las dimensiones de corporación.

Este monto de honorarios podría subir o bajar de acuerdo a las necesidades de representación legal que ustedes tengan que podría incluir lo siguiente:

Representación legal ante cualquier Ente Público Judicial de la República (Tribunales, Ministerios Públicos, Fiscalías, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Administrativo tanto público como privado ( Notarías Públicas, Registros Civiles, Organismos Autónomos, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Financiero Empresarial (Bancos, Empresas, Corporaciones)
Asesoramiento Legal Corporativo Empresarial en todas las áreas del derecho sin importar el País donde te encuentres.

En qué Países podemos representar tu Empresa o Corporación

Cuáles son las ventajas de Contratar nuestra Firma de Abogados Internacional para que represente y asesore mi Empresa

Nuestra impecable trayectoria profesional en el ejercicio ético del derecho:

Alexander Racini & Associates lleva casi 6 lustros en el ejercicio de derecho a nivel Nacional y luego Internacional en el ámbito del Legal Businesss, con un record no solo de casos ganados y llevados a feliz término, si no también con un gran nivel de aceptación y agradecimiento de parte de nuestros patrocinados por el impecable trabajo y la dedicación que le ponemos a cada caso en particular por muy pequeño que sea, todos sabemos que los dos elementos fundamentales e importantes a la hora de celebrar contrato con una Firma de Abogado son: La preparación y el dominio del derecho que ésta Firma posea y cada uno de los abogados que intervengan en el caso, y la confianza, confidencialidad, ética y honestidad de la relación cliente-abogado, se dice fácil de adquirir pero no lo es, aunque suene un poco altisonante podemos decir que en este sentido hemos tenido una trayectoria impecable en cuanto al nivel de profesionalismo y honestidad con nuestros clientes, eso se ve claramente reflejado en los índices de aceptación con los que contamos entre nuestros usuarios y patrocinados a través de casi 6 lustros de ejercicio, podemos decir que nuestra forma de obrar desde el punto de vista ético profesional y de cuidar los intereses de nuestros patrocinados como un Bonus Pater Familias ha sido la clave fundamental de nuestro éxito en el mundo del International Legal Market y nuestra rápida expansión a nivel internacional.

Además que trabajamos bajo el patrón Know How en el campo legal internacional lo que nos permite alcanzar niveles de aceptación y confianza que otros no pueden, por citar un ejemplo, muchos de los casos legales que llegan a nuestra Firma por mucha complejidad que tengan, al realizarle uno de nuestros representantes una visita a la contraparte del proceso inmediatamente llegamos a una solución amistosa, ya que probablemente sabrán que sostener un juicio con una Firma de esta trayectoria les resultará más costosa que una mediación extrajudicial.

Nuestra rápida expansión en el ámbito Legal Nacional e Internacional:

Igualmente tenemos la capacidad de llegar a miles de hogares, empresas y corporaciones a nivel Nacional e Internacional, si buscas la marca Alexander Racini en Internet usando Google tenemos más de dieciocho millones en búsquedas indexadas a Google. Nuestro poder comunicativo nos ha posicionado ante las nuevas tecnologías de internet en los primeros lugares de recepcción obteniendo en conjunto todos nuestros Sites miles de visitas y audiencia direccionada a los sectores legales y empresariales corporativos. El Dr. Alexander Racini, CEO President de nuestra Organización cuenta en su haber con más de diez mil alumnos esparcidos a nivel Nacional e Internacional producto de una larga trayectoria académica profesional a lo largo de su vida.

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Sobre nuestro Equipo de Asesores Legales y Representantes

Nosotros le ofrecemos asesoría legal a nuestros usuarios y patrocinados con abogados de más de 20 años de experiencia.

Cómo afilio mi Empresa a Alexander Racini & Associates para que la representen legalmente o reciba asesoría legal corporativa

Completa el formulario de Solicitud a continuación con tus datos bien escritos para poder contactarte, si no consigues enviar el formulario es porque no has completado los campos obligatorios:

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Suscríbete a nuestro Seguro Legal Familiar o Empresarial Corporativo

2011-02-27T17:32:00.000-08:00

Alexander Racini & Associates

Firma de Abogados Internacional

Ejercemos en las Principales Ciudades del Mundo

Suscríbete a nuestro Seguro Legal Familiar o Empresarial Corporativo

En qué consiste el Seguro Legal

Dependiendo del Plan de Seguro Legal al que decidas suscribirte puedes celebrar un contrato con nuestra Firma de Seguridad Legal para tu Empresa o tu Familia en el caso de ser Personal o Empresarial Corporativo.

Actualmente contamos con dos planes disponibles:

Seguro Legal Personal o Familiar
Alexander Racini & Associates:

Te ofrecemos seguridad legal para ti y los miembros de tu familia que suscribas al Plan, podrás contar con asesoría legal de nuestro equipo de juristas nacionales e internacionales dependiendo del País donde te encuentres, te brindamos asesoría y soporte legal telefónico, online y en nuestras oficinas durante todo el año que cubra tu plan.

Cuánto es el costo anual del Seguro Legal :

No existe una cantidad de dinero predeterminada que necesites para adquirir nuestro Seguro Legal Familiar, nosotros te brindamos la oportunidad de que seas tu mismo quien escoja las opciones más adecuadas a tus posibilidades ya que estamos en la capacidad de elaborar un plan de adquisición del Seguro Legal adecuado a tus necesidades.

Este monto de honorarios podría subir o bajar de acuerdo a las necesidades de representación legal que ustedes tengan que podría incluir lo siguiente:

Representación legal ante cualquier Ente Público Judicial de la República (Tribunales, Ministerios Públicos, Fiscalías, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Administrativo tanto público como privado ( Notarías Públicas, Registros Civiles, Organismos Autónomos, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Financiero Empresarial (Bancos, Empresas, Corporaciones)
Asesoramiento Legal Integral en todas las áreas del derecho sin importar el País donde te encuentres.

Seguro Legal Empresarial Corporativo

Alexander Racini & Associates:

Necesitas Representación Legal Internacional o Nacional para tu empresa

Cuánto es el costo anual del Seguro Legal Empresarial Corporativo:

No existe una cantidad de dinero predeterminada que necesites para adquirir nuestro Seguro Legal Empresarial Corporativo, nosotros te brindamos la oportunidad de que seas tu mismo quien escoja las opciones más adecuadas a tus posibilidades ya que estamos en la capacidad de elaborar un plan de adquisición del Seguro Legal para tu Empresa adecuado a tus necesidades y las dimensiones de corporación.

Este monto de honorarios podría subir o bajar de acuerdo a las necesidades de representación legal que ustedes tengan que podría incluir lo siguiente:

Representación legal ante cualquier Ente Público Judicial de la República (Tribunales, Ministerios Públicos, Fiscalías, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Administrativo tanto público como privado ( Notarías Públicas, Registros Civiles, Organismos Autónomos, etc.)
Representación legal ante cualquier Ente Financiero Empresarial (Bancos, Empresas, Corporaciones)
Asesoramiento Legal Corporativo Empresarial en todas las áreas del derecho sin importar el País donde te encuentres.

Desde que Países puedo suscribirme:

Cuáles son las ventajas de Suscribirme al Seguro Legal tanto familiar como empresarial

Nuestra impecable trayectoria profesional en el ejercicio ético del derecho:

Además que trabajamos bajo el patrón Know How en el campo legal internacional lo que nos permite alcanzar niveles de aceptación y confianza que otros no pueden, por citar un ejemplo, muchos de los casos legales que llegan a nuestra Firma por mucha complejidad que tengan, al realizarle uno de nuestros representantes una visita a la contraparte del proceso inmediatamente llegamos a una solución amistosa, ya que probablemente sabrán que sostener un juicio con una Firma de esta trayectoria les resultará más costosa que una mediación extrajudicial.

Nuestra rápida expansión en el ámbito Legal Nacional e Internacional:

Igualmente tenemos la capacidad de llegar a miles de hogares, empresas y corporaciones a nivel Nacional e Internacional, si buscas la marca Alexander Racini en Internet usando Google tenemos más de dieciocho millones en búsquedas indexadas a Google. Nuestro poder comunicativo nos ha posicionado ante las nuevas tecnologías de internet en los primeros lugares de recepcción obteniendo en conjunto todos nuestros Sites miles de visitas y audiencia direccionada a los sectores legales y empresariales corporativos. Y si nos olvidamos de la tecnología y nos vamos a la ciudad no existe Ente Público tanto judicial como administrativo o Académico Universitario Jurídico que no conozca el nombre de Alexander Racini, CEO President de nuestra Organización, ya que cuenta en su haber como más de diez mil alumnos esparcidos a nivel Nacional e Internacional.

Cómo me suscribo al Seguro Legal Familiar o Empresarial Corporativo

Si deseas suscribirte a nuestro Seguro Legal Nacional o Internacional Alexander Racini & Associates puedes enviarnos tu solicitud a través de este formulario online, una vez que tengamos tus datos uno de nuestros representantes se pondrá en contacto contigo para enviarte toda la información adicional y elaborar en conjunto el Plan de Adquisición a la medida de tus necesidades.

Completa el formulario de Solicitud a continuación con tus datos bien escritos para poder contactarte, si no consigues enviar el formulario es porque no has completado los campos obligatorios:

Nota:

En el Campo "Asunto" coloca "Seguro Legal" :

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Únete a la primera y única Franquicia Legal Internacional Franquicia para Abogados e Inversionistas

2011-02-27T16:48:00.000-08:00

Únete a la primera y única Franquicia Legal Internacional Franquicia para Abogados e Inversionistas

Alexander Racini & Associates
Firma de Abogados Internacional
La Firma de Abogados Franco Americana de mayor expansión en el mundo

Beneficios Directos:

Te gustaría ser propietario de tu propio despacho.

Comenzar a ejercer el derecho con el patrocinio y las ventajas de una marca reconocida Internacionalmente.

Contar con la asesoría legal de la Firma de Abogados Franco Americana de mayor expansión en el mundo.

Expandir tu carrera profesional a nivel internacional.

Compartir experiencias y conocimientos mediante intercambios académicos internacionales con las Universidades más prestigiosas del mundo.

Formar parte de la primera y única Franquicia Legal Internacional del Mundo.

Por qué franquiciarte con Alexánder Racini & Associates

Por nuestra capacidad de llegar a miles de hogares, empresas y corporaciones:

Porque si buscas la marca Alexander Racini en Internet usando Google tenemos más de dieciocho millones en búsquedas indexadas a Google. Nuestro poder comunicativo nos ha posicionado ante las nuevas tecnologías de internet en los primeros lugares de recepcción obteniendo en conjunto todos nuestros Sites miles de visitas y audiencia direccionada a los sectores legales y empresariales corporativos.Alexander Racini, CEO President de nuestra Organización, cuenta en su haber como más de diez mil alumnos esparcidos a nivel Nacional e Internacional.

Por nuestra impecable trayectoria profesional y nivel de aceptación mudial:

Alexander Racini & Associates lleva casi 6 lustros en el ejercicio de derecho a nivel Nacional y luego Internacional en el ámbito del Legal Businesss, con un record no solo de casos ganados y llevados a feliz término, si no también con un gran nivel de aceptación y agradecimiento de parte de nuestros patrocinados por el impecable trabajo y la dedicación que le ponemos a cada caso en particular por muy pequeño que sea, todos sabemos que los dos elementos fundamentales e importantes a la hora de celebrar contrato con una Firma de Abogado son: La preparación y el dominio del derecho que ésta Firma posea y cada uno de los abogados que intervengan en el caso, y la confianza, confidencialidad, ética y honestidad de la relación cliente-abogado; hemos tenido una trayectoria impecable en cuanto al nivel de profesionalismo y honestidad con nuestros clientes, eso se ve claramente reflejado en los índices de aceptación con los que contamos entre nuestros usuarios y patrocinados a través de casi 6 lustros de ejercicio. Nuestra forma de obrar desde el punto de vista ético profesional y de cuidar los intereses de nuestros patrocinado como un Bonus Pater Familias ha sido la clave fundamental de nuestro éxito en el mundo del International Legal Market y nuestra rápida expansión a nivel internacional.

Además que trabajamos bajo el patrón Know How en el campo legal internacional lo que nos permite alcanzar niveles de aceptación y confianza que otros no pueden, por citar un ejemplo, muchos de los casos legales que llegan a nuestra Firma por mucha complejidad que tengan, al realizarle uno de nuestros representantes una visita a la contraparte del proceso inmediatamente llegamos a una solución amistosa, ya que probablemente sabrán que sostener un juicio con una Firma de esta trayectoria les resultará más costosa que una mediación extrajudicial.

Por nuestra rápida expansión en el ámbito Legal Internacional:

Qué incluye nuestros Planes de Adquisición de la franquicia Legal

Dependiendo del Plan que escojas y el nivel de inversión podrás obtener:

Formación y Capacitación por parte de nuestro Equipo Legal Internacional para que puedas operar tu Franquicia con éxito.
Asesoría Legal Nacional e Internacional de nuestros juristas en los casos que lleguen a tu oficina de Franquicia.
La elaboración de un Página Web completa con diseño de primera incluyendo el logotipo de nuestra Firma para tu franquicia adecuada al público de la localidad, cuya página aparecerá indexada con tu nombre al directorio de nuestras Páginas Internacionales dependiendo del País.
Una dirección de correo electrónico con dominio propio de nuestra Firma, es decir, tu email lucirá como esto: tunombre@alexanderracini.com.
Publicidad para tu Franquicia a nivel Nacional e Internacional en Medios de Comunicación Audiovisuales (Televisión, Internet, Prensa Escrita, Foros, Seminarios,etc.)
Intercambios Académicos Internacionales con la Facultad de ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades más Prestigiosas del Mundo.
Acceso a nuestra técnica de ejercicio Profesional Know How para lograr el éxito de tu Franquicia.
Equipaje Mobiliario y decoración de tu franquicia basado en el logotipo de nuestra Marca Legal.
Papelería y documentación impresa con todos los sellos distintivos de la Franquicia para que puedas ejercer bajo el patrocinio de nuestra Marca.

Sobre nuestra Franquicia Legal Internacional

FAQ Preguntas Frecuentes:

Tengo que ser abogado o Licenciado en derecho para adquirirla

Respuesta: No, no necesariamente tienes que ser abogado, nuestra Franquicia Legal Internacional está disponible en dos versiones Franquicia para Abogados y Franquicia Legal para Inversionistas o Empresarios emprendedores que deseen iniciarse en el ámbito Legal Internacional.

Tengo que vivir o trabajar en un determinado País para adquirir la Franquicia

Respuesta: No, nuestra Franquicia Legal tiene dimensiones Internacionales y está completamente operativa en las Ciudades más importantes del Mundo entero, por lo tanto puedes adquirir la franquicia desde cualquier País o Ciudad de residencia.

Puedo vivir en un País y adquirir la Franquicia para otro distinto

Respuesta: Sí, el lugar de residencia que tengas no impide que puedas adquirir la Franquicia para operarla en otra ciudad o población.

Qué pasa si adquiero la Franquicia Legal y no soy abogado,¿Cómo la puedo operar?

Respuesta: Si adquieres nuestra Franquicia Legal Internacional como Inversionista o Empresario tendrías que poner a cargo de las labores judiciales y gestionamiento jurídico a personal capacitado graduado en Licenciatura en Derecho o Leyes, es decir el personal debe ser abogado y estar debidamente inscrito y matriculado ante la Barra de Abogados de la Localidad del País correspondiente o ante en Instituto de Previsión Social del Abogado (Para Venezuela) para que pueda ejercer el derecho.

Cuánto dinero tengo que invertir, ¿Es muy costosa al adquisición?

Respuesta: No, no es muy costosa. No existe una cantidad de dinero predeterminada que necesites para adquirir nuestra Franquicia Legal Internacional, nosotros te brindamos la oportunidad de que seas tu mismo quien escoja las opciones más adecuadas a tus posibilidades ya que estamos en la capacidad de elaborar un plan de adquisición de la Franquicia Legal adecuado a tus necesidades.

Parte de nuestro objetivo como Firma de Abogados Internacional en Expansión es facilitarle a los nuevos graduados en Ciencias Jurídicas de cualquier Universidad del Mundo la posibilidad de iniciar su carrera en el ámbito jurídico y el ejercicio del derecho, así el recién abogado no tenga la experiencia ni el conocimiento necesario para comenzar a ejercer, de manera que puedan iniciar actividades legales con su propio despacho de abogados, brindándoles capacitación y orientación en todas las áreas del derecho para que vayan adquiriendo habilidades y destrezas en el ámbito legal y se vayan formando como abogados profesionales integrales, es decir, sí algo hemos tenido claro desde el principio de nuestras actividades legales es que ejercer el derecho no es solamente conocer las leyes o memorizarse el código civil o saber que contiene tal o cual artículo de la Constitución, el ejercicio profesional de derecho implica además del profundo estudio y conocimiento de la Ley, la puesta en práctica de conocimientos filosóficos, organizativos, corporativos, de planificación y capacitación integral incluso desde el punto de vista psicológico experimental, esta ha sido una de las claves fundamentales del éxito de la gran expansión que hemos tenido a nivel Internacional llegando hoy en día a brindar asesoría legal a usuarios de más de 120 Países del Mundo.

De manera que te ofrecemos la posibilidad de que el monto de inversión para adquirir nuestra Franquicia Legal lo escojas tu, dependiendo de muchas variables, por ejemplo cuántas personas trabajarían en la franquicia, o de cuántos metros son las oficinas, dependiendo también de la ubicación de la ciudad y País donde decidas adquirirla y el plan de inversión que escojas.

Por ejemplo, algunos Empresarios adquieren la Franquicia por inversión y están en la posibilidad de montar grandes infraestructuras para las oficinas de la Franquicia en grandes complejos empresariales, otras personas únicamente la adquieren como despacho personal.

Soy recién graduado y no tengo posibilidades económicas, ¿Pueden adquirirla mis padres y yo la ejerzo como abogado?

Respuesta: Sí, tus padres pueden adquirir la Franquicia Legal y tu como abogado ya graduado puedes ejercer el derecho y los casos legales que se te presenten, si tus padres desean pueden colocar la franquicia a tu nombre o a nombre de ellos independientemente de quien la vaya a operar.

¿Qué Países aceptan para adquirir la Franquicia?

Respuesta: Nuestra Franquicia Legal Internacional Alexander Racini & Associates es un Firma de Abogados Internacional con presencia en las ciudades más importantes del mundo, de manera que está disponible para casi todas las regiones.

Si adquiero la Franquicia para una determinada región,¿Obtengo la exclusividad de la zona?

Respuesta: Sí, puedes obtener la exclusividad de la Zona si eliges esa opción de adquisición.

¿Cómo debe ser el candidato a obtener la Franquicia?

Respuesta: El abogado que desee adquirir la franquicia debe contar con un perfil profesional y una hoja de vida íntegra en el ejercicio de la profesión del derecho, igualmente si la franquicia es adquirida por un Empresario Inversionista éste debe seleccionar un perfil de abogados de acorde a las condiciones aquí mencionadas, Alexander Racini & Associates es un Firma de Abogados Internacional que lleva casi 6 lustros de práctica en el ámbito legal nacional e internacional, expandiéndose cada día más y contando con la confianza y credibilidad de todos nuestros clientes de manera ininterrumpida desde su fundación, todo esto producto de la honestidad, honradez, integridad moral y profesional con la que hemos venido obrando en favor de nuestros patrocinados, no toda Empresa o Firma de Abogados puede presumir de poseer una hoja de vida intachable en el ámbito profesional del ejercicio, todos nuestro Bureau de abogados y quienes conforman la Junta Directiva de nuestra Firma cuentan además del adiestramiento y preparación en el estudio y ejecución de la profesión de abogado, con un currículo de trayectoria académica extraordinaria en el mundo de la docencia Universitaria en las más importantes Universidades del Mundo ya que imparten cátedras universitarias en todas las áreas del derecho en el área de Pre y Postgrado.
Todo esto lo señalamos ya que para nosotros es mucho más importante la calidad y el nivel de profesionalismo en el ejercicio del derecho y el asesoramiento jurídico que la cantidad de clientes o casos que se nos puedan presentar, siempre hemos seleccionado calidad en lugar de cantidad.

Prueba de ello es la impecable trayectoria académica con la que cuenta el CEO President de nuestra Organización el Profesor Alexander Racini quien a lo largo de su carrera profesional ha contribuido en la formación de más de diez mil alumnos en las distintas Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ver currículo: Alexander Racini Life & Work.

Pasos a seguir para adquirir la Franquicia Legal Internacional como Franquicia para Abogados o Franquicia Legal para Inversionistas

Si deseas adquirir la Franquicia Legal Internacional Alexander Racini & Associates puedes enviarnos tu solicitud a través de este formulario online, una vez que tengamos tus datos uno de nuestros representantes se pondrá en contacto contigo para enviarte toda la información adicional y elaborar en conjunto el Plan de Adquisición a la medida de tus necesidades.

Completa el formulario de Solicitud a continuación con tus datos bien escritos para poder contactarte, si no consigues enviar el formulario es porque no has completado los campos obligatorios:

Nombre y Apellido / Name*

Email*

Phone / Teléfonos*

Address/ Dirección *

You are / Usted es*
Abogado/Lawyer Inversionista/Businessman
Dispone del Local u Oficinas / You got Offices*
Sí/Yes No/Not
Dónde desea abrir la Franquicia / Where you want the Franchise*

En qué Ciudad / What City*

Capital a Invertir / Capital to Invest*

Cuántas Personas trabajarán en la Franquicia / How many People will Work*

Verification No.:*

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Nuevo Servicio de Asesoría Legal Online Internacional Vía Skype

2011-01-27T23:47:00.001-08:00

Alexander Racini & Associates

Firma de Abogados Internacional

Abogados Internacionales Online 24 horas continuas

Asesoría Legal Online Vía Skype

Donde quiera y cuando quiera

(Disponible para todos los Países del Mundo)

Ahora puede Consultar con un verdadero Abogado Especialista donde quiera y cuando quiera, sin salir de su casa o desde su trabajo

Ahora puede consultar con uno de los abogados especialistas de una de las Firmas de Abogados Internacionales más grandes y de mayor prestigio en el mundo, gracias a nuestro nuevo servicio de asesoría legal online vía Skype, usted no tiene necesidad de acudir a una de nuestras oficinas a nivel Nacional o Internacional para consultar con nuestros abogados, ni tampoco pagar tarifas por llamadas, ya que la llamada es gratuita, con nuestro nuevo servicio de asesoría legal online via Skype.

Alexander Racini & Associates

Sobre nuestro Equipo de Asesores Legales

Nosotros le brindamos asesoría legal con abogados de más de 20 años de experiencia profesional y académica.

Cómo funciona este Servicio de Asesoría

Legal Nacional e Internacional

Son Consultas legales que el usuario podrá realizar vía llamada de Skype en la fecha y hora que desee donde serán respondidas todas sus interrogantes en cualquier área del derecho por el abogado especialista en la materia designado para el caso, por un monto mínimo por consulta podrá consultar con nuestros especialistas cualquier tipo de duda legal que usted tenga, sin importar el lugar del planeta en donde se encuentre, sin traslados a oficinas ni cargos por llamadas, cuando quiera y donde quiera, a partir del momento que usted realice el pago tendrá 30 días hábiles para realizar la llamada, recuerde que usted escoge la fecha y la hora que desee comunicarse.

Honorarios y Costos Legales

100 $ Dólares Estadounidenses

80 € Euros (Europa)

70 £ Libras Esterlinas (Reino Unido)

700 Bs.F. (Venezuela)

Desde la comodidad de su casa

Programe una Consulta Legal Online con los mejores abogados especialistas desde cualquier País

Método de Pago

Cómo puedo realizar el Pago de este Servicio Legal

Puede pagar este monto mínimo por consulta aquí a través de nuestra web con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o cuenta Paypal, también tenemos disponibilidad para depósitos directo en Entidades Bancarias (Disponible sólo para algunos Países: Venezuela, EEUU, Portugal y Hong Kong). Para depósito Bancario solicitar el número de Cuenta por Email.

Una vez realizado el pago solo deberá enviarnos un email con su nombre y la fecha y hora que desea la consulta a la siguiente dirección:
alexanderracini.lawfirm(arroba)live.fr info(arroba)alexanderracini.com

Listo, podrá disponer de su consulta legal online Vía Skype 24 horas inmediatamente después del procesamiento del pago. Recuerde que si no puede realizar la llamada por algún motivo no se preocupe, usted dispone de 30 días para utilizar es servicio pagado.

Necesita Ayuda

Si tiene alguna duda de como funciona el sistema no se preocupe, puede contactarnos antes de hacer el pago y le brindamos toda la información. Igualmente si necesita ayuda o información adicional sobre este u otro tema no dude en contactarnos, estamos 24 horas online para asistirle.

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Cómo anular un Matrimonio Eclesiástico o Católico

2011-01-12T18:12:00.000-08:00

Nulidad de Matrimonio Eclesiástico y/o Católico

(Información para todos los Países)

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Derecho Canónico:

Nulidad de Matrimonio Eclesiástico y/o Católico

(Información para todos los Países)

En derecho matrimonial canónico se presume que todo matrimonio es válido, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que mientras no se demuestre que los contrayentes, en el momento de contraer matrimonio, emitieron un consentimiento matrimonial inválido, no se puede declarar la nulidad del matrimonio. Es por esto que para que un matrimonio católico se declare nulo, se deben alegar una o varias causales de nulidad, las cuales recaen en uno sólo de los contrayentes o en los dos, causales que deben probarse y demostrarse ante los Tribunales Eclesiásticos competentes de acuerdo a su jurisdicción y localidad.

Todas las causales de nulidad matrimonial están taxativamente señaladas en el Código de Derecho Canónico y el hecho de que se pruebe una sola de dichas causales se procederá a declarar judicialmente la nulidad matrimonial eclesiástica.

¿Cuáles son las causales para declarar nulo un matrimonio canónico?

Las causales para declarar la nulidad de un matrimonio canónico son muy diversas y dependerá de si hay o no vicios en el consentimiento matrimonial, o de si hay impedimentos o prohibiciones matrimoniales.

Las causales más comunes para declarar la Nulidad del Matrimonio canónico son las siguientes:

1. Si uno de los cónyuges se ha casado por la Iglesia teniendo todavía otro vínculo matrimonial vigente.

2. Si se da impotencia para el acto conyugal tanto por parte del hombre como de la mujer.

3. Si alguno de los contrayentes carecía de suficiente uso de razón.

4. Si teniendo suficiente uso de razón, carecía de la necesaria discreción de juicio.

5. Por simular casarse y en realidad no hacerlo porque excluyó voluntariamente quedar verdaderamente casado, o excluyó voluntariamente la fidelidad o la procreación o la indisolubilidad del matrimonio, etc.

6. Si uno de los cónyuges se casó engañado por el otro por una cualidad que no tiene y que perturba gravemente el matrimonio.

7. Si alguien se hubiere casado por miedo, coacción o sin libertad suficiente para hacerlo.

8. Si teniendo suficiente discreción de juicio para entender las obligaciones esenciales del matrimonio y aún queriéndolas cumplir, es incapaz de cumplirlas por una causa de naturaleza psíquica (para dar un pequeño ejemplo: si es incapaz de guardar la debida fidelidad, de vivir unido de por vida, de llevar una vida sexual normal, de educar y alimentar a sus hijos, etc.)

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¿Necesita solicitar la nulidad de su Matrimonio eclesiástico?

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Si necesita solicitar la nulidad de su Matrimonio Eclesiástico o Católico en Venezuela, Colombia, España o en Cualquier País de habla Hispana u otra lengua, recuerde que también puedes dejarnos sus comentarios abajo o contactarnos vía online aquí y le brindaremos la mejor orientación legal y también le podemos llevar acabo cualquier procedimiento legal ante las autoridades eclesiásticas de cualquier País para que obtenga la nulidad del matrimonio.

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Cómo eliminar antecedentes Penales en Venezuela y otros Países

2011-01-12T15:46:00.000-08:00

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Solicitud de :CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN VENEZUELA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA

REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN VENEZUELA:

Para Persona natural:

Si la persona que requiere los antecedentes no puede retirar él mismo el certificado, debe autorizar a una tercera persona en la misma solicitud.
La solicitud debe estar firmada por la persona que solicita antecedentes tal cual como firma en su Cédula.

RECAUDO PARA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES EN VENEZUELA:

En caso que el certificado sea necesario para ser utilizado fuera del país:
• Solicitud por escrito dirigida al Viceministro de Seguridad Jurídica

• Autorización por escrito a una tercera persona, si la persona que requiere los antecedentes penales no esta dentro del país

• Copia de la Cédula de Identidad de la persona que solicita los antecedentes penales y de la persona autorizada para retirarlos

En caso que el Certificado sea necesario para ser utilizado dentro del país:
• Solicitud por escrito dirigida al Viceministro de Seguridad Jurídica

• Cédula de Identidad del solicitante y de quien lo solicita

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Horario de atención al público: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

Lapso de respuesta: Ocho (8) días hábiles.

Tarifas: Gratuito.

Procedimiento: Dirigirse con todos los recaudos a Av. Urdaneta. Edif. Paris. Piso 5. Taquilla 5.

INFORMACIÓN:
El servicio que brinda el Departamento de Legalizaciones es totalmente gratuito, solo deberán consignar por documento la cantidad de 0.4 unidades tributarias en especies fiscales del Distrito Capital, y deberán consignarse adheridas a una hoja de papel blanca. Los documentos Públicos o Privados deberán venir certificados por los Ministerios correspondientes.
Solo se recibirán documentos originales emitidos por las instituciones venezolanas correspondientes.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:
1.- La recepción de documentos se hará de lunes a jueves de acuerdo al siguiente cronograma.
Lunes: Números de Cédula: 0,1 y 2
Martes: Números de Cédula: 3 y 4
Miércoles: Números de Cédula: 5 y 6
Jueves: Números de Cédula: 7,8 y 9

2.- Los documentos serán entregados el mismo día a los titulares

3.- Por cada documento se deberán consignar 0.4 Unidades Tributarias en especies fiscales del Distrito Capital

4.- La recepción de los documentos será de lunes a jueves en el horario comprendido desde las 8:00 am hasta la 10:00 am

5.- La entrega de los documentos será de lunes a jueves en el horario comprendido desde las 12:00 am hasta las 2:00 pm

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Cómo consultar antecedentes profesionales de un abogado en México

2010-11-28T14:50:00.000-08:00

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México te ofrece un servicio online en donde puedes consultar antepasados profesionales y laborales de los profesionales de México, incluido por supuesto abogados entre otras profesiones, para acceder a la información como por ejemplo saber si un abogado de México está debidamente colegiado ante las Instituciones correspondientes entra al siguiente enlace e introduce el número de cédula profesional del abogado y luego click en buscar. Esto facilita y evita en gran parte el ejercicio ilegal de la Profesión de abogados en México.

Enlace para consultar: Registro Nacional de Profesionistas. Dirección General de Profesiones.

También puedes solicitar información adicional de antecedentes profesionales:

Informe de Antecedentes Profesionales

Requisitos:

A particulares:

1. Requisitar la solicitud correspondiente.

2.Recibo de pago de derechos federales. El pago se deberá realizar en una institución bancaria.

El interesado deberá presentarse con una identificación oficial; si el trámite lo realiza algún pariente (padres, hijos o hermanos), con carta poder simple y su identificación oficial, para cónyuge además de lo anterior copia del acta de matrimonio; otras personas, con carta poder certificada ante Notario Público y su identificación oficial.

A Dependencias Oficiales:

Para autoridad judicial, presentar oficio del Juez, anotando número de expediente del asunto que se trate, dirección completa para enviar el oficio de respuesta.

Para el Ministerio Público, anotar mesa del trámite, número de averiguación previa o causa penal, sector o delegación, en su caso, dirección completa para enviar el oficio de respuesta.

Para otras dependencias oficiales, firma y sello de la persona que requiere la información y cargo que ocupa.

En caso de recibir la respuesta directamente en esta oficina, presentar oficio firmado por la persona que solicitó la información por lo previa identificación autoriza a recibirla.

No se admitirán trámites firmados "Por Ausencia" o "Por Poder".

Costo del servicio:	$ 252 por persona de la cual se solicita antecedentes Hoja de Ayuda Solicitud Vigencia: del 1 de Enero del 2009 hasta nuevo aviso
Tiempo de respuesta:	10 días hábiles.
Área donde se proporciona:	Departamento de Autorizaciones, Insurgentes Sur 2387, Planta baja, San Ángel, C. P. 01000, México, D.F.
Responsable del área:	Lic. Erik Iván Matamoros Amieva
Teléfono:	3601-39-19, conmutador 3601-10-97, 3601-10-00 y 3601-66-00 Exts.12570 y 16653
Horario de atención:	8:00 a 15:00 hrs. De lunes a Viernes.

AQUÍ PUEDES DESCARGAR GRATIS LA PLANILLA:

SOLICITUD DE ANTECEDENTES DE PROFESIONISTAS

Lista de postulados a Magistrados del TSJ ante la comisión de la Asamblea Nacional

2010-10-27T18:06:00.000-07:00

Lista de postulados a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela ante la
comisión de la Asamblea Nacional

Acosta Susana Coromoto V-6.801.097
Adrián Hernández Tomas Mariano V-3.663.403
Agobian Viettri Henry José V-8.795.727
Alcalá Rodríguez Omar Antonio V-4.290.323
Alemán Marcano Aura Isabel V-4.559.257
Alfonzo Izaguirre Indira Maira V-6.978.710
Alvarado Rondón Marisol Josefina V-6.018.625
Álvarez Alfonzo Carmen Trinidad De La Consolación V-4.054.193
Álvarez Andrade Johbing Richard V-11.10.926
Álvarez Araujo Belkis Josefina V-9-245.222

Álvarez Leal Elías Reinaldo V-7.417.117
Álvarez Mendoza José Tomas V-6.553.818
Alves Navas Carmen Eneida V-6 960.029
Ameliach Villarroel María Carolina V-5 421.672
Angarita Castañeda Aurora Del Valle V-8.007.498
Aponte Andrea Maritza V-3 891 495
Aponte Núñez Emercio José V-9 783 575
Aponte Rueda Paúl José V-9.789.333
Aragoza Aragoza Nancy Coromoto V-8 181 971
Aranguren Carrero Sergio Ramón V-6 082 652
Araujo Ciro Ramón V-9 372 239
Araujo Rubio Leany Beatriz V-7 756-096
Aray Seijas Carmen Lucila V-8 780 462
Ardila Rodríguez José Oscar V-3 881 981
Arias Duran Solange Astrid V-10 150 821
Arias Palacios Sonia Coromoto V-5 155 306
Arismendi Aguana Víctor Alfredo V-2084648
Armas Díaz Gloria Mireya V-5 381 151
Arnal García Oscar Enrike V-5 533 859
Arraiz Hernández Evelinda V-6 547 380
Arteaga Gómez Iraima Coromoto V-5 208 333
Arvelo Tretiakoff Ana Tania V-5 409 499
Avariano Silvera Carmen Corina V-9 883 898
Azuaje Reinaldo De Jesús V 8 719523
Añez González Migdalia María V-9.767.789
Barranco Hernández Eduardo Alfonzo V-3 364 151
Barreto Salazar Cesar Luis V-6 351 254
Barrios Medina José Tomas V-2 777 659
Bastardo Loroima Raíza Mercedes V-6 373 703
Bastidas Nancy Marina V-3 986 449
Bata Gallardo Claudio Ramón V-1 619 665
Bautista Landaeta Lisandro V-6 925 749
Becerra Contreras Numa Humberto V-3 132 532
Becerra Torres Miriam Elena V-4 419 078
Belisario Capella Freddy De Jesús V-2 153 330
Bellorin Ángel Alberto V-4 597389
Benaventa Mirabal José Dionicio V-8 844 391
Bermúdez De Rojas Luisa Esperanza V-4 075 974
Biel Morales Einer Elías V-4 002 746
Bittar Mardelly Gimi V-8 200 002
Blanco Delgado Xiomara Mercedes V-5 090 478
Blanco García Veneci Josefina V-6 072 248
Blanco Vásquez Guillermo V-6 488 545
Borges De Pereira Maryori Esperanza V-8 677 596
Borges De Rodríguez Glanes Del Carmen V-7.190 339
Borrego Navarro Evelyn Josefina V-5 523 663
Borrego Pérez Carmelo Eduardo V-4 250 329
Bozan Parra Aconcito V-4 539 895
Brady Urbaez Magaly Hayary V-8.266.660
Bravo Rojas Jelitza Coromoto V-10 513 825
Brea Escobar Carmen Teresa V-2.141.905
Brea Rojas Germán Alfredo V-6 403 553
Briceño Monasterio Zinnia Betzaida V-6 377 363
Briceño Sífontes Belkis Josefina V-6 166 809
Briceño Voirin Gabriela V-11.540.500
Brignone De Navarro Sonia Josefina V-3 245 285
Brito Denis Andrés Eloy V-7 682 094
Buaiz Valera Yury Emilio V-7 282 281
Bueno Clarin Nazaret Dameli V-1 567 272
Cabello Granado José Mercedes V-3 347 607
Cabrera Araujo Luis Ramón V-5 349 221
Calanche De Guzmán Leticia V-2.245.522
Calatrava Santana Alfredo José V-7 010 068
Calderón Guerrero Marjorie V-6 323 404
Calderón Suescun Edy Siboney V-5 675 425
Camacho Almada Flor Leticia V-8876 053
Canga García Marianela Seleste V-5 806 575
Caraballo Eugenia Del Valle V-2 665 045
Cardozo Velásquez Moisés Antonio V-7 818 334
Carmona Rodríguez Osmar V-4 990 968
Carrillo Rivero Amado José V-4 674 492
Carvajal Moleiro Marchory Del Pilar V-4 853 539
Casanova De Valecillos Clara Ines V-2 627 896
Casanova Rosales Ana Yldiko V-4 445 037
Castillo Ascanio Carlos Alexis V-5.314 402
Castillo Boniel Marily Del Carmen V-5 723 006
Castillo De Vásquez Rubia Esperanza V-4 420 799
Castillo Soto Ernesto José V-8 021 601
Castro Gilly Carmen Marisela V-4 823 800
Catalano Campisi Nicolo V-6 153 318
Ceballos Jiménez Oscar Rafael V-4.508.800
Cedeño Ocariz Belkys Yamira V-5 020 116
Centeno Guzmán Héctor Del Valle V-5 185 540
Chacón Medina Felipe Oresteres V-5 652 544
Chávez Pérez Mónica Maylen V-7 236 910
Chirino Bracho Henry Jesús V-3676 934
Coa León Gary Joseph V-6 951 092
Coello González Francia V-6 107 871
Colmenares Fabiola Mercedes V-8 844 930
Colmenares Olivar Ricardo Antonio V-5 166 016
Consoni Roso Paolo Nicola Massimo V-7 079 343
Contreras Araujo Nélida Iris V-8 101 942
Contreras Correa Edalberto V 4 286 203
Contreras De Aguilar Iris Coromoto V-5 327 151
Contreras Zambramo Josué Manuel V-5 687 127
Contreras Zambrano Albio Antonio V-2 457 363
Cordido Peña Lester Miguel V-8 842 304
Cornieles Perret Cristóbal V-10 817 524
Craca Gómez Carlos Arturo V-5 215 780
Crespo Daza Alexis José V-7.272 396
Cruz Faría María Elena V-7 774 802
Da Silva Guerra Rosa Adelaida. 6 484 183
Daher De Lucena Hilen V-4.452.518
Dasilva Maita César Oswaldo V-8 539 563
De Los Rios Sánchez Isabel María V-6 155 452
De Pinho Ferreira Gloria María V-6 396 750
Degraves Almarza Rene Alberto V-7 844 117
Delgado Rosales Arcadio De Jesús V-4 159 158
Diamiani Bustillos Luis Fernando V-2.940.803
Díaz Pereira María Magdalena V-6 122 677
Diniz Santos Ana Paula V-13 339 266
Domínguez Tovar Elia Yadira V-11.747.295
Domínguez Agostini Cesar Ernesto V-5 541 318
Durán Moreno Domingo Antonio V-5-566.485
Durán Rafael José V-1 124 435
D’elia Castillo Juana Viesay V-8 728 302
Escalona González Leotilio José V-7 916 269
Escovar León Ramón V-3 187 551
Faria Lozada José Vicente V-3932095
Febres Cordero Briceño Francisco De Paula V-2.454.380
Febres Velazco Joel Antonio V-10 538 667
Ferrini Pacheco Ana Teresa V-3.213.161
Figarrella García Wendy Katherin V-11.691.415
Fuenmayor De La Torre Edgar José V-2 767 387
Gandica Andrade Doris Isabel V-5 641 800
García De Mármol Carmen Lidice V-2 942 837
García De Urdaneta Belkis Alida V-5 330 282
García González Rafael Ángel V-5 949 456
García Pru María Elena V-5 299341
García Vara Juan V-2 157 583
Garcilazo Cabello Rubén Darío V-8 064 577
García Barreto Manuel José V-9.894.377
García De Cornet Ana Teresa V-2.078.731
García De Nicholls Alicia Hortensia V-3.282.864
García Jesús Orangel V-3 825 606
Gasia González Francisco Antonio V-2 851 440
Gaviria Linares Jorge Luis V-6.547.964
Gazso Hazos Andrés V-6.251.102
Gil Rodríguez Malaquias V-5.352 190
Girauo Torres Armando Arturo V-6 963 533
Goitia Gómez Juan Carlos V-6 135 868
Gomes Correia Jesús Roberto V-6 259 130
Gómez Fernando V-3.248 476
González Aguilar Adolfo José V-6 903 879
González Arias Rafael Arcángel V-4927468
González Castillo Doraida Margarita V-6 004 883
González González Libes De Jesús V-4.532.993
González Jaimes Víctor José V-6 452 037
González Lamuño José Francisco V-8 196 732
González María Auxiliadora V-5 239 138
González Neida María V-8 477 444
González Vizcaya Gonzalo Segundo V-5 949 915
González Araujo Doris Coromoto V-639 322
Granadillo Perozo Douglas Arecio V-5 049 139
Granados Garcias Petra Sulay V-4 613 212
Graterol Miguel Ángel V-9 710 517
Guerrero Quintero Gilberto V-2 284 234
Guevara Risquez Luis Armando V-5 156 757
Guillen Ramírez Omar Augusto V-8.669.286
Gutiérrez Alvarado Gladys María V-7 575 777
Gutiérrez Pernia Lisbeth V-5 176 922
Guzmán Díaz Aura Elena V-3 673 471
Gámez Morales Sol Efigenia V-6 427 207
Gómez Cabrera Carmen Esther V-4.541.883
Gómez Marín Agustín V-2 744 261
Gómez Moreno Elsa Janeth V-6 130911
Gómez Pablo Antonio V-3 227 450
Gómez Ramírez Nola Edicta V-7 798 744
Henríquez Henríquez Gustavo Adolfo V-1 376.509
Henríquez Laroche Ricardo José V-2 935.740
Hernández González Nereida Marlene V-8 613 564
Hernández Hernández José Santiago V-2 421 300
Hernández Pantoja Elina Del Valle V-8 554 826
Hernández Tineo Rita Josefina V-6 103 699
Hernández Álvarez Oscar V-2 943 013
Hernanoez Natera Manuel José V-4 216 890
Hurtado Lozano Julian Grergorio V-5 580 756
Ibarra Verenzuela Juan Luis V-6 865 372
Infante Beberaggi Anoiole Del Carmen V-6 302 912
Islanda Rondón Luis Miguel V-3 343 531
Jiménez Guiliani Teresa De Jesús V-3 595 617
Jiménez Loyo José Jesús V-4 560 656
Jiménez Monsalve Arelis Milagros V-5 141 683
Karabin De Díaz Yanina Beatriz V-7 449 705
La Riva Ron De Quintana María Del Carmen V-5.535.196
León Uzcategui Oscar Jesús V-2 836 425
León Montesinos María Enma V-8 729 793
Lizausaba Díaz Lucrecia Yubidy V-7 230 852
Lopez De Adrian Marta Del Valle V-4 612 280
Lugo Madriz Luis Armando V-2 995 682
Luna Aguilera Bettys Del Valle V-8 394 050
Luzardo Baptista Rooolfo Antonio V-3 112 670
López Almao Francisco Antonio V-5 664 135
López Quintero Grisell De Los Ángeles V-10 335 012
Madriz Sotillo Jhannett María V-6 928 872
Manaure Vallés Argenis Baltasar V-2 011 471
Marcano Guzmán Doris María V-8 375 161
Martínez Jiménez Arturo José V-5 891 934
Martín Tortabu Miguel Ángel V-7 092 539
Martínez De Correa Luz María V-5 038 863
Martínez Lira Ubencio José V-6 107 605
Martínez María Dolores V-6 014 335
Martínez Omaira Josefima V-3 802 260
MasY Rubí Spósito Mirna V-3 397 670
Mata Cariaco Gilda Coromoto V-5 707 967
Mata Rengifo Manía Eugenia V-10.634.331
Mata Rincones Pedro Miguel V-8 347 419
Matheus Suakez Yanys Coromoto V-7 707 721
Matute Velásquez Leydi Nathali V-10 117 775
Medina Carreño Mireya Del Valle V-9 859 271
Medina García Roraima Leonor V-6 902 688
Medina Juan Antonio V-9 516 245
Melean Valbuena Vileana José Fina V-8 509 405
Meléndez Adrian José Antonio V-6 082 391
Méndez Barreto Tania Margarita V-3 779 016
Mendoza De Rassi Siria Ramona V-3 937 468
Mendoza Hugo Humberto V-3 915 268
Mendoza Isturi Trino Rubén V-4 923 255
Mendoza Jover Juan José V-9 499 372
Mendoza León Julia Sulay V-3 919 669
Millan Figuera Jesús Del Valle V-4 601 963
Misticchio Tortorella Mónica Gioconda V-7 953 787
Molina De Vidal Haidairy María V-9 720 312
Molina Zambrano Carlos Luis V-8 033 538
Montell Arab Flor Violeta V-11 310 614
Montesinos Lucena Fredy Antonio V-2 607 541
Montiel Oquendo Alfredo José V-5 846.618
Mora Aurides Mercedes V-5 945 458
Mora Bastidas Freddy Alberto V-10 714 024
Mora Bracho Marianella V-4.135.392
Mora Bravo Yajaira Margarita V-3.632 675
Mora Martínez Rossana Lisetth V-6 091 637
Mora Rodríguez Nelida Neid V-2 901 768
Morales Hernández Merly Jacqueline V-5.885 120
Morales Quiñonez Acacio José V-2 284 030
Morandy Mijares Miriam Del Valle V-6 363 852
Moreno Pérez Maikel José V-6 652 632
Moya Millan Edgar José V-4 519 756
Mujica Colmenares Ursula María V-9 250936
Mussa Uribe Abrahan José V-8 359 062
Márquez Barroso Raúl Gustavo V-6 977 090
Méndez García Rafael Antonio V-8 031 360
Méndez Ruiz Romy Elena V-7 219 292
Nava González José Gregorio V-5 177 039
Nava Rondón Leobardo José V-8 037 547
Navarro Villarroel Noemí Del Carmen V-6 544 189
Negrin De Zambrano Rosa Migdalia V-8 355 336
Oberto Yepez Haydee Rosa V-9 567 470
Ocando Ocando Humberto Jesús V-9 767 305
Ojeda Briceño Marina V-5 536 904
Ojeda Guzmán Luis Antonio V-4 168 382
Olivares García Suying Violeta V-9 793 551
Orihuela Gonzatti Roxana Denise V-10 348 274
Oropeza Gómez Randal Alberto V-7 948 216
Pacheco Bracho Aracelis Beatriz V-7 668.201
Pacheco Medina William Alberto V-4 275 179
Padilla Alfonzo Adriana De La Coromoto V-10 549 567
Padilla Manuel Enrique V-4 965 614
Padrón Vicente Rafael V-7 765 124
Palencia García Clemencia Margarita V-8 132 088
Parada Prieto Alexis Eustacio V-5 153 278
Paredes Rivera Horaida Coromoto V-10 486 919
Paredes Yespica Elba V-661.049
Parra Useche Leonardo Augusto V-5 969 998
Pasceri Scaramuzza Pier Paolo Cristhian V-7 445 310
Paz Paredes Oscar Enrique V 5 527 030
Pérez Díaz Norma Mireya V-8 671 350
Pérez Flores Mauro José V-4 354 693
Pérez Moochett Rafael Luciano V-4 390 591
Perico De Galindo Gloria Amparo V-5 020 328
Perillo Silva Alejandro José V-7 224 073
Peña De Borges Luzmila Josefina V-4 255 482
Peñaranda Quintero Héctor Ramón V-11 285 637
Piñate Espidel Oscar Enrique V-5 425 487
Plaza Martínez Fanny Luisa V-3.967.641
Ponce Delgado Mercedes Zulay V-4 115 468
Popoli Rademaker Mario Alberto V-5 303 401
Prieto Serra Mercedes Francisca V-6 316 808
Pulido García Ludmila V-3 959 647
Pérez Badell Mauricio V-1 637.770
Pérez Díaz Rafael José V-6 815 351
Pérez Rivera Indira De Jesús V-9 477 481
Queipo Briceño Ninoska Beatriz V-8 722 395
Querales Guerrero Jorge Enrique V-7 350 096
Quiaragua González Gabriela Del Carmen V-6 320 709
Quijada Campos José Germán V-8 998 327
Quintero Valencia Roberto Antonio V-3 112 589
Ramírez Escalante Olinto Antonio V-3 790 310
Ramos Betancourt Hugolino V-1 039 352
Ramos González Emilio Anionio V-6.973.119
Ramírez Medina Rafael Del Carmen V-8 055 289
Ramírez Pérez Rigoberto Enrique V-2 852 550
Requena Cabello José Leonardo V-6 917 750
Reyes Rebolledo Rosa Isabel V-5 999 460
Rivas Duarte Manuel Gerardo V-6 918 566
Rivas Heredia Federico Jose Nicomedes V-6.901.006
Rivas Rodríguez Francisco Eduardo V-4.883.333
Richani Selman Samer V-7.566.509
Riera Blanco Diego Enrique V-7 112 628
Riera Encinoza Argenis José V-3.857.933
Rincón De Oliveros Ismelda Luisa V-7 707 701
Rivas Heredia Federico José Nicomedes V-6 901 006
Rivas Rodríguez Francisco Eduardo V-4 883 333
Rivera Guerrero Freddy Domingo V-5 564 294
Rivero Bermúdez Angélica Adelaida V-3 344 040
Robles De Rodríguez Marlene V-4 452 049
Rodríguez Agüero Omar Antonio V-2 197 761
Rodríguez Flores Mónica Andrea V-9.855.040
Rodríguez Florez Alix Esperanza V-7 416 495
Rodríguez Pérez Luis Alberto V-2 099 261
Rodríguez Díaz Julián Isaías V 2 218 534
Rojas Hernández Jesús David V-9 965 462
Rojas Quintero José Luis V-7 897 098
Rojas Rabol Iris Maru V-9 955 847
Romero Pirela Rafael José V-3 925 204
Romero Zambrano Rodolfo V-6 364 169
Rondón Graterol Rafael Ramón V-10.398.261
Rondón Jaramillo David José V-4 613 063
Rondón Jorge Eliecer V-4 072 764
Rondón Pérez Juan Ernesto V-4 239 791
Roque Rivero Félix Miguel V-2 643 701
Rosales García Elsie Josefina V-5 308 335
Rovero González Rafael Felipe V-3 477 723
Rueda Botello Ofelia V-3.063 713
Ruiz Bianco Juan Eriezel V-4 813 253
Ríos Santos Oscar Alfredo V-10 151 130
Salas Moreno Evelin Edrey V-10 900 151
Salas Viso Aracelys V-5 301 051
Salazar Bricero Carmen Leticia V-4 166 835
Salgado Rodríguez Domingo Javier V-10 383 311
Salmen De Contreras Jiam V-9.281 787
Sánchez Enrique V-9 487 408
Sánchez Febres Homero José V-3 036 101
Sánchez Martínez Braulio José V-3 952 307
Sánchez Negrón Alcides Rafael V-785 044
Sánchez Rios Edith Maritza V-7.613.920
Sandoval Moreno Norma E Isa V-3.624.596
Sanmiguel Quiñones Mireya Josefina V-8 132 049
Silano González Florencio Ernesto V-8.977 978
Silva Bocaney José Gregorio De Los Angeles V-6 549.507
Silva García María Deinis V-4 536 249
Silveira Calderin Joaquin Jesús V-5 968 240
Sisco Ricciardi Octavio José V-5. 455 589
Solarte Molina Eder Jesús V-5 013 209
Solorzano Bastidas Sergio Salomón V-4 310 289
Solorzano Martínez Alvilda Mercedes V-5 406.263
Sosa Rausseo Marcy Zorelly V-6 854 509
Soto Villasmil Alejandro José V-6 749 318
Suarez Guzmán Marcos Armando V-3 982 057
Sumoza Marisol Coromoto V-4 462 438
Suárez Anderson Lourdes Benicia V-5.725.793
Taja De González Farah Antor V-6 297 690
Tavares Marques Mario V-9 882 762
Tellechea De Lunar Carmen Mireya V-2 780 092
Theis Paredes María Gabriela V-11 158.506
Torres Avilé Luis Javier V-10 754 340
Torres Guevara Saúl Ernesto V-3.206.488
Trenard Aparicio Aura María V-6 549 387
Urbano Taylor De García Isabel Josefina V-3 019 258
Urdaneta Morales Andrey Gromisko V-4 152 102
Urdaneta Núñez Eileen Lorena V-10 445 290
Urdaneta Romero Gloria Columba V-5.165.634
Urdaneta Sandoval Carlos Alberto V-6 524.045
Uroquia José Alberto V-8 470 549
Useche García Belkis Zulay V-6.135.501
Useche Molina Miguel Arcangel V-3.192.360
Uzcategui Osorio María Hilda V-4 656 435
Valbuena Pérez Alonso José V-8 050 718
Valdez González Mariely V-9 413 229
Valor Quiñones Daynube Del Carmen V-7.209.801
Valverde García Martin V-592.183
Vargas Rodríguez Ángel Eduardo V-4 180 642
Vargas Serrano Carlos Enrique V-5 428 434
Vasouez De Peña Nelv Justina V-1 689 179
Vásquez Bucarito Freddy Antonío V-2 801 208
Vásquez De Escobar Nora Julieta V-2 670 214
Vásquez Flores Hernan De Jesús V-6 149 024
Velásquez Martínez Jaime De Jesús V-8 795.533
Venero De Guerrero Siria V-6 285 225
Vilera Ordoñez Marcos Antonio V-3 041.985
Villamizar García Gerson Miguel V-8.095.481
Villarreal Valencia José Humberto V-14 199 449
Villarroel Rodríguez Francisco Antonio V-6 826 485
Villavicencio Casique Ana Josefina V-5 418 082
Viloria Olmos Mariela Del Carmen V-5 505 354
Wagner Ortíz Douglas Ismael V-3.225.053
Yanes García Franklin Basilio V-4 870 601
Yepez Lugo Ramón Eduardo V-7.565 521
Zambrano Chafardet Blanca Azucena V-6 812 991
Zambrano Muñoz Carmen Hortensia V-7 243 993
Zamora Álvarez Hilda Elena De Jesús V-5 576 297
Zapata Lara Yraima De Jesús V-7 244 624
Zerpa Aponte Ángel Wladimir V-6 525 457
Zuleta De Merchan Carmen Auxiliadora V-3 507 807
Zulueta Rodríguez Ana Cecilia V-3 667 186
Zurita Trina Omaira V-3 561 702

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